El Ministerio de Capital Humano presentó este miércoles un escrito ante la Justicia para negar de manera categórica que esté en riesgo la continuidad del giro de fondos y la asistencia alimentaria destinada a comedores comunitarios. La respuesta judicial apunta directamente contra las acusaciones impulsadas por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a quienes la cartera acusa de construir un “relato de urgencia” con fines políticos y mediáticos.
Según el documento oficial, el Ministerio que conduce Sandra Pettovello expuso hechos concretos que, a su entender, contradicen los argumentos de emergencia alimentaria presentados por esas organizaciones en sede judicial.
El conflicto por los convenios y la acusación de dilación
En el escrito, Capital Humano detalló que el pasado 6 de enero la UTEP y el CELS solicitaron la habilitación de la feria judicial bajo el argumento de riesgos “graves e inminentes” para sectores vulnerables. Sin embargo, al día siguiente, una de las organizaciones vinculadas a la UTEP —la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros— rechazó firmar los convenios necesarios para garantizar la continuidad de los fondos destinados a merenderos y comedores.
Desde el Ministerio remarcaron que la firma de esos acuerdos es indispensable para asegurar la asistencia alimentaria y sostuvieron que la negativa, justificada en que sus autoridades se encontraban de vacaciones, evidencia una conducta dilatoria que contrasta con el discurso de urgencia presentado ante los tribunales.
“Resulta inadmisible que se acuse falsamente al Estado de demorar trámites cuando las propias organizaciones no priorizan la firma de los convenios que habilitan el acceso inmediato a los recursos”, señalaron fuentes oficiales.
Pettovello defendió la política social y habló de uso político de la Justicia
El Ministerio de Capital Humano afirmó además que despliega una política activa de asistencia alimentaria, tanto a comedores como mediante ayuda directa a las personas, lo que —según indicó— se refleja en una fuerte reducción de los indicadores de pobreza.
En ese marco, el escrito sostiene que detrás de los reclamos judiciales no existiría una verdadera voluntad de resolver la situación social, sino una estrategia orientada a generar conflicto, desprestigiar a la cartera social y a su titular, y utilizar al sistema judicial con fines políticos.
