El Gobierno nacional oficializó este martes, a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, la intimación a 536 profesionales de practicaje y pilotaje para que retomen de inmediato sus tareas en los puertos argentinos, en medio del paro por tiempo indeterminado que afecta la operatoria marítima y el comercio exterior. La medida fue adoptada por la Prefectura Naval Argentina (PNA) luego del conflicto desatado por el Decreto 690/2026, que desregula la actividad y modifica el régimen vigente desde hace más de tres décadas.
La Prefectura ordenó volver al trabajo y advirtió sobre sanciones
El edicto publicado por la Prefectura sostiene que, en su carácter de autoridad de aplicación del reglamento de practicaje y pilotaje, “notifica e intima” a los profesionales incluidos en el anexo oficial “a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje y pilotaje”, con el objetivo de cumplir las funciones previstas por el nuevo marco normativo.
Asimismo, el organismo advirtió que el incumplimiento de la intimación podrá derivar en sanciones disciplinarias, al considerar la negativa a prestar servicio como una falta grave. Además, remarcó que, independientemente de las medidas administrativas, cualquier acción que impida el normal funcionamiento de la navegación podría encuadrarse en figuras previstas por el Código Penal.
El documento oficial también recuerda que las conductas que afecten la seguridad de la navegación o interrumpan servicios esenciales podrían dar lugar a denuncias penales, en línea con lo establecido por la normativa vigente.
El paro paralizó la actividad portuaria y profundizó el conflicto
La medida de fuerza fue adoptada por los profesionales encargados de asistir a los buques durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos, en rechazo al decreto impulsado por el Gobierno nacional.
Según fuentes vinculadas al sector, el conflicto mantiene prácticamente detenida la actividad en numerosos puertos del país. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, señalaron, al advertir sobre el fuerte impacto que la protesta genera sobre el comercio exterior argentino.
El origen del conflicto es el Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. La norma reemplaza el régimen vigente desde 1991, crea un registro abierto de profesionales administrado por la Prefectura Naval, elimina restricciones para el ingreso de nuevos prestadores y permite a los usuarios contratar libremente el servicio.
Además, la nueva reglamentación otorga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obliga a publicar los precios de los servicios con el objetivo de fomentar una mayor competencia en el sector.
