Desde una tribuna, el presidente señala con el dedo a un periodista. Del otro lado de la pantalla, el ciudadano vuelve a su casa después de una jornada de trabajo, hace cuentas, revisa lo que tiene que pagar y trata de llegar a fin de mes. En medio de esas preocupaciones bastante más concretas, le venden que el problema de la Argentina es un tipo con un grabador.
Hace nueve días, Javier Milei nombró uno por uno a cinco periodistas, Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio, y los tildó de “ensobrados y corruptos”, rematando con una sentencia de época: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”. Después vino el operativo oficial para explicar que era una “metáfora”. El oficialismo se desbandó entre los límites que marcó Patricia Bullrich y las piruetas de Cristian Ritondo, que quiso justificar el exabrupto citando a Adam Smith. La teoría económica no borra el dedo acusador apuntando a cinco blancos móviles en cadena nacional.
Entre los colegas hubo de todo: Eduardo Feinmann advirtió que apagar al periodismo de investigación es dejar al ciudadano a oscuras, mientras Esteban Trebucq, defensor acérrimo del gobierno, tuvo que admitir lo obvio y calificó la frase como una barbaridad.
La narrativa oficial maneja una ecuación lineal: la información favorable es periodismo honesto; la que incomoda, una conspiración. Al final del día, la culpa siempre la tiene el espejo.
Los estrategas del poder omiten una verdad de bronce, las notas que verdaderamente lastiman no nacen de una epifanía democrática, sino de las entrañas del propio poder. Rara vez un funcionario entrega un documento por bondad; detrás siempre hay una interna, un pase de factura o una cuenta pendiente entre socios que se devoran.
El periodista veterano lo sabe de memoria. Por eso lo primero que se pregunta es quién habla y qué cobra con el escándalo. El apetito mezquino de la fuente no invalida el peso del documento. Una planilla secreta filtrada por un enemigo interno sigue siendo una prueba incriminatoria, siempre que el dato resista el rigor del chequeo.
La tribuna presidencial juega a dos puntas: el televidente que compra el enojo y el funcionario que mira desde los pasillos calculando cuánto le costaría animarse a hablar. La Constitución protege el secreto de las fuentes en su artículo 43 por una razón pragmática: sin esa garantía, nadie se arriesga a romper el silencio. Cada insulto desde el atril encarece esa decisión.
La desconfianza hacia la prensa no la inventó este gobierno, pero la administra con eficacia quirúrgica. Un corporativismo periodístico que se limita a victimizarse frente al micrófono solo le sirve al relato oficial para legitimar su ofensiva.
El ciudadano que la pasa mal y no llega a fin de mes necesita que alguien le revise al poder lo que prefiere ocultar de sí mismo. Si la prensa renuncia a esa incomodidad, ya nadie podrá explicar para qué sirve este oficio.
