El Presupuesto 2027 que Javier Milei envió al Congreso abrió un nuevo frente de conflicto político alrededor de tres áreas especialmente sensibles: universidades, ciencia y discapacidad. Aunque el Gobierno proyecta crecimiento, baja de la inflación y superávit financiero, la letra chica del proyecto establece partidas que quedaron por debajo de las necesidades planteadas por las universidades, mantiene la pérdida real de recursos del sistema científico y modifica mecanismos de financiamiento y prestaciones para personas con discapacidad. El debate recién comienza, pero ya existen sectores de la oposición y hasta legisladores aliados que anticipan que el texto necesitará cambios para conseguir los votos.
La diferencia más visible aparece en las universidades nacionales. El Poder Ejecutivo asignó $7,34 billones para 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores, reclama alrededor de $11 billones para garantizar funcionamiento, salarios, becas, infraestructura, ciencia y tecnología. La brecha ronda los $4 billones.
El CIN ya presentó su propia propuesta ante el Congreso. Su presidente, Franco Bartolacci, planteó que el sistema necesita un presupuesto que permita recuperar previsibilidad y cumplir con la legislación vigente de financiamiento universitario. El reclamo no se limita al monto: los rectores también cuestionan una cláusula que obliga a las universidades a detallar el destino de sus gastos y habilita al Poder Ejecutivo a interrumpir transferencias si no se entrega la información requerida.
Ciencia: partidas que no recuperan el terreno perdido
El panorama científico presenta otra tensión. El proyecto prevé para organismos como CONICET, CONAE, CNEA y la Agencia I+D+i partidas que acompañarían la inflación oficial del 18%. Eso significa que, si el aumento de precios termina por encima de esa previsión, esos organismos volverían a perder capacidad de financiamiento en términos reales. Además, el sistema arrastra una pérdida real estimada de alrededor del 35% desde diciembre de 2023.
En otros organismos tecnológicos el recorte aparece incluso en términos nominales. Para INTA, el Presupuesto 2027 contempla una caída de 12,4% de los recursos, mientras que para INTI prevé una reducción nominal del 5,2%. Los recortes reales acumulados desde 2024 superan el 43% en el INTA y rondan el 49% en el INTI, de acuerdo con relevamientos sobre la ejecución presupuestaria.
Es una discusión que excede las planillas. Detrás de esos números aparecen investigación, transferencia tecnológica, desarrollo productivo, innovación y formación de recursos humanos. Por eso el conflicto no se reduce a cuánto dinero habrá disponible, sino a cuánto podrá hacer el sistema con ese dinero en una economía donde el propio Gobierno calcula una inflación del 18%.
Discapacidad: el capítulo que hizo estallar las negociaciones
La mayor sorpresa política apareció en el capítulo destinado a discapacidad. El proyecto modifica artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina el esquema de arancel único del nomenclador, además de quitar la actualización automática vinculada con la inflación. El nuevo mecanismo establece que los valores deberán determinarse periódicamente y abre un esquema diferente para las prestaciones.
También propone cambios en el régimen de pensiones: modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso y vuelve incompatible el beneficio con un empleo formal. Estos puntos fueron cuestionados por legisladores y organizaciones vinculadas al sector. Maximiliano Ferraro sostuvo que el Gobierno intenta modificar “artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad” en pleno debate parlamentario.
La discusión alcanzó incluso al oficialismo. Según fuentes parlamentarias, dentro de La Libertad Avanza reconocieron que el capítulo sobre discapacidad “así como está, no va a salir”, mientras las negociaciones con PRO, UCR y otros bloques quedaron nuevamente abiertas.
