La Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó este martes su “profunda preocupación” frente al proyecto de Ley Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, y reclamó que sean los legisladores provinciales quienes definan con precisión todos los criterios vinculados al Impuesto Inmobiliario Rural.
La entidad sostiene que la propuesta del gobierno de Axel Kicillof “traslada facultades centrales al Ejecutivo” y genera un marco de incertidumbre que afecta la previsibilidad productiva en uno de los sectores económicos más relevantes de la provincia.
Delegación de facultades y falta de criterios consensuados
Uno de los puntos más sensibles señalados por la SRA es el Artículo 133, que habilita al Poder Ejecutivo a intervenir en las valuaciones rurales sin criterios establecidos, ni una hoja de ruta acordada para el revalúo. Según la entidad, este mecanismo debería incluir instancias de consulta con instituciones locales y con la comunidad productiva para garantizar transparencia y equidad.
Otro artículo cuestionado es el 167, que permitiría modificar cuotas no vencidas dentro del mismo ejercicio fiscal. Para los productores, esta posibilidad erosiona la capacidad de planificación, un aspecto clave para cualquier actividad económica, especialmente en el agro.
Además, la SRA advirtió que el esquema de bonificaciones propuesto “mantiene definiciones abiertas”, ya que no establece porcentajes concretos por ley, lo que vuelve aún más difuso el panorama tributario.
Un escenario de inseguridad normativa en pleno contexto de emergencia
La organización enfatizó que este debate ocurre en un momento especialmente crítico: miles de hectáreas en la provincia se encuentran bajo agua, declaradas en emergencia y desastre agropecuario. Para la SRA, el gobierno bonaerense debería estar concentrado en obras de infraestructura hídrica que mitiguen los impactos de fenómenos climáticos adversos, además de promover una baja impositiva que alivie la situación de los productores.
A ese escenario se suma la carga tributaria vigente desde la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 —y prorrogada el año pasado— que incluyó adicionales extraordinarios, como una quinta cuota. Para el sector, la combinación de tributos altos y reglas inciertas obliga a insistir en un sistema tributario transparente, definido por ley y sin delegación de facultades esenciales al Ejecutivo.
Llamado directo a la Legislatura bonaerense
Por todo ello, la SRA instó a la Legislatura provincial a asumir “plenamente su responsabilidad constitucional”, fijando en la ley los criterios, límites y alcances del Impuesto Inmobiliario Rural. La entidad remarcó que los tributos deben estar regidos por normas claras, confiables y consensuadas, evitando “sorpresas y turbulencias” que perjudiquen la inversión y la producción en la provincia de Buenos Aires.
