El Gobierno nacional dispuso una reconfiguración profunda del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y eliminó atribuciones históricas que le permitían intervenir en la actividad económica del sector.
La medida limitó el rol del organismo a tareas vinculadas con la promoción y el control de calidad, mientras redujo a cero su capacidad de influir en los valores de mercado o en la relación entre la oferta y la demanda dentro de la cadena productiva.
La yerba fue uno de los primeros productos que el gobierno de Milei empezó a desregular y ahora ahonda el camino en esa dirección.
