El Senado de la Nación recibirá este miércoles a las 11 a Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, los dos candidatos impulsados por el Gobierno de Javier Milei para integrar la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, en una audiencia pública que será seguida con especial atención por la Casa Rosada porque ese tribunal deberá revisar causas de alto impacto político y judicial, entre ellas la investigación por $LIBRA, que alcanza al Presidente y a su hermana Karina Milei, además de expedientes vinculados con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otras investigaciones por presunta corrupción.
La audiencia se realizará en el Salón Azul del Senado y será el paso previo para que la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, avance con los dictámenes que posteriormente deberán ser tratados por el recinto. Bertuzzi y Yadarola no llegan a esta instancia como dos nombres más dentro de una extensa nómina de candidatos: sus eventuales designaciones forman parte de una estrategia mucho más amplia del oficialismo para completar vacantes, modificar el mapa de Comodoro Py y consolidar una nueva composición de los tribunales federales porteños.
La dimensión política de la maniobra se entiende al observar el volumen de expedientes que pasan por la Cámara Federal, tribunal de apelaciones que funciona como una de las principales estaciones de control sobre las investigaciones que tramitan en los juzgados de Comodoro Py. Allí se revisan decisiones vinculadas con corrupción, lavado de dinero, delitos económicos y causas que, por su impacto institucional, pueden terminar convirtiéndose en auténticos terremotos políticos.
Entre ellas aparece la investigación por el caso $LIBRA, que involucra a Javier Milei, Karina Milei y otros imputados, pero también los expedientes relacionados con presuntos sobreprecios en la ANDIS y otras causas que pueden comprometer a funcionarios o exfuncionarios. Por eso, en el Gobierno no ocultan que la Cámara Federal ocupa un lugar central dentro de su estrategia judicial.
Desde marzo, la administración libertaria envió 203 pliegos al Senado para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales, de los cuales 103 ya fueron aprobados. La Casa Rosada pretende completar alrededor de 300 vacantes antes de fin de año, pero dentro de esa gigantesca operación de renovación judicial existe una prioridad evidente: Comodoro Py.
La audiencia de Bertuzzi y Yadarola tendrá además el condimento de sus respectivas trayectorias. Bertuzzi ya integra la Cámara Federal porteña y llegó a ese tribunal en 2018, cuando Mauricio Macri dispuso su traslado junto con Pablo Bruglia. Aquella decisión generó un fuerte rechazo del kirchnerismo y posteriormente quedó bajo cuestionamiento judicial, hasta que la Corte Suprema estableció que esos traslados no tenían carácter permanente y que las vacantes debían cubrirse mediante concursos.
El concurso 461, precisamente, fue el mecanismo elegido para resolver esa situación. El proceso comenzó en 2021 y terminó colocando a Bertuzzi y Yadarola dentro de las ternas que el Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo, aunque ninguno de los dos había quedado inicialmente entre los primeros lugares del orden de mérito que garantizaban el acceso a esas ternas.
En el caso de Bertuzzi, el magistrado había quedado inicialmente en el puesto 13 y posteriormente descendió hasta el 21 luego de las impugnaciones, según los datos citados en la información de base. Yadarola, por su parte, ocupó inicialmente el puesto 26 y luego quedó ubicado en el 16.
El Consejo de la Magistratura aprobó las ternas el 10 de junio y seis días después Milei firmó el Decreto 467/2026, mediante el cual modificó los decretos 222/2003 y 588/2003, que regulaban el procedimiento de selección de magistrados, con el objetivo de reducir etapas y acelerar los tiempos del proceso.
La Casa Rosada había evaluado inicialmente mantener a Bruglia y Bertuzzi en sus cargos mediante una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero esa estrategia cambió hacia finales del año pasado. El nuevo rumbo coincidió con el crecimiento de la influencia de Santiago Viola dentro del Ministerio de Justicia, según la información política citada.
Yadarola, en tanto, llega con una trayectoria en la Justicia penal económica y con una historia que también contiene episodios de fuerte exposición pública. Fue uno de los magistrados que participó del controvertido viaje a Lago Escondido, junto con el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, empresarios y otros funcionarios judiciales. El viaje a la estancia de Joe Lewis provocó un escándalo político y judicial por la presencia de personas vinculadas con expedientes que tramitaban en el fuero penal económico.
La Cámara Federal, la verdadera pieza del tablero
El Gobierno no parece conformarse con ocupar las vacantes de la Sala I. Su mirada también está puesta en la Sala II de la Cámara Federal, donde se tramitan, entre otros expedientes, causas relacionadas con presuntos negociados en la ANDIS. Allí permanecen Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, aunque la situación de este último agrega otra pieza al complejo rompecabezas.
Irurzun cumplió 75 años el 18 de julio, límite establecido por la Constitución para la permanencia de los magistrados si no cuentan con un nuevo acuerdo del Senado. Desde entonces no regresó a Comodoro Py y la Corte Suprema tiene pendiente resolver su situación.
El camarista presentó una medida cautelar para intentar evitar la aplicación del límite etario, pero hasta ahora su estrategia no recibió respaldo de jueces ni del procurador interino Eduardo Casal. La propia Cámara Federal comunicó a la Corte la situación, por lo que el máximo tribunal podría intervenir por la vía administrativa.
El antecedente inmediato es el fallo Schiffrin, de 2017, mediante el cual la Corte Suprema validó el límite de los 75 años. Aquella decisión fue respaldada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, mientras que Carlos Rosenkrantz expresó una posición diferente respecto de la reforma constitucional que introdujo ese límite.
En el Gobierno y en Comodoro Py consideran que el desenlace del caso Irurzun podría producirse próximamente. Una eventual salida del camarista abriría otra vacante que el oficialismo deberá cubrir y que, dentro de su estrategia, podría terminar vinculada con la nueva composición de la Sala I.
Por eso, la audiencia de Bertuzzi y Yadarola excede largamente el protocolo de una presentación de antecedentes, preguntas y respuestas frente a los senadores. Detrás de esos dos pliegos aparece una discusión mucho más grande sobre quién tendrá capacidad para influir en la justicia federal porteña durante los próximos años.
La administración Milei quiere mostrar que está llenando casilleros de un Poder Judicial con cientos de vacantes, y el dato de los 203 pliegos enviados al Senado funciona como argumento político. Pero el verdadero partido se juega en los tribunales que revisan las causas capaces de poner en jaque a dirigentes, funcionarios y empresarios.
La Cámara Federal es, en ese tablero, una especie de aduana del poder judicial: por allí pasan decisiones que pueden avanzar, frenarse, modificarse o cambiar completamente de dirección antes de llegar a otras instancias. Y en política, como suele ocurrir con las llaves, importa poco quién construyó la puerta si uno consigue quedarse con el manojo.
El Gobierno también pretende avanzar con una reforma estructural de Comodoro Py que podría reducir el número de juzgados y modificar la composición de la Cámara Federal de Casación Penal. En paralelo, busca completar las vacantes existentes y consolidar una estructura judicial que, inevitablemente, tendrá influencia sobre buena parte de los expedientes sensibles de los próximos años.
