Las universidades públicas de todo el país afrontan este miércoles 12 de agosto un nuevo paro nacional de 24 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que alcanza a docentes y no docentes y reclama al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial que los gremios estiman pendiente en un 28,5%, y mayores recursos para becas y hospitales universitarios, mientras el Ministerio de Capital Humano sostiene que las transferencias están al día y califica la medida como “política” e “ilegítima”. En paralelo, la Universidad de Buenos Aires decidió mantener abiertas sus facultades, aunque la adhesión a la huelga quedará a criterio de cada trabajador.
La protesta se produce en el comienzo del segundo cuatrimestre y vuelve a colocar a la educación superior pública en el centro de una disputa que combina salarios, presupuesto, financiamiento y una fuerte discusión jurídica sobre el cumplimiento de la Ley 27.795.
Desde el Frente Sindical sostienen que el conflicto no se limita a una cuestión salarial. Los gremios denuncian un “sostenido ahogo presupuestario” y cuestionan que el incremento del 21,3% abonado durante julio resulte insuficiente frente a la recomposición que, según su interpretación, establece la normativa vigente.
Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), cuestionó la situación y afirmó: “Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria”. Según la dirigente, el aumento recibido “no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben”, por lo que la asamblea del gremio ratificó la continuidad de un plan de lucha.
La medida cuenta con la participación de distintas organizaciones docentes y no docentes, entre ellas FEDUN, FAGDUT, FATUN y CONADU, además de otros sindicatos del sector. En distintas provincias también se organizaron actividades para visibilizar el reclamo, como jornadas y bocinazos junto a trabajadores de organismos científicos y tecnológicos.
El conflicto acumula, según los gremios, al menos ocho medidas de fuerza durante 2026, con paros de 24 y 48 horas y otras jornadas de protesta de mayor duración. La escalada vuelve a poner en discusión el funcionamiento cotidiano de las universidades y el impacto que la disputa salarial y presupuestaria tiene sobre estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores administrativos.
Qué responde el Gobierno y cuál es la situación de la UBA
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó los argumentos sindicales y calificó el paro como “político e ilegítimo”. La cartera sostiene que “no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional” y asegura que las transferencias destinadas al sistema universitario se encuentran al día.
El Gobierno también recordó que convocó a una nueva reunión paritaria para el 1° de septiembre y detalló que, hasta el 10 de agosto, había transferido $666.823.011.021 en concepto de gastos de personal e incrementos salariales correspondientes a junio, además de otros $448.544.808.500 correspondientes a julio.
La discusión, sin embargo, no termina en las cifras transferidas. Los gremios sostienen que el cumplimiento de un acta paritaria no equivale al cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman que se reconozca la recomposición salarial que, según sus cálculos, quedó pendiente desde la entrada en vigencia de la norma.
A ese escenario se suma el frente judicial. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la suspensión de una medida cautelar vinculada con el financiamiento universitario, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso presentado por el Gobierno. El expediente regresó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, para continuar con la ejecución de la medida.
La UBA adoptó una posición particular frente al paro. La institución informó que sus facultades permanecerán abiertas este miércoles, aunque cada docente y trabajador no docente podrá decidir individualmente si adhiere a la medida.
El vicerrector Emiliano Yacobitti resumió la postura institucional: “La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente”.
