Hay operaciones políticas que parecen escritas por un guionista de Hollywood, aunque en la Argentina suelen terminar mezcladas con expedientes, fondos reservados y alguna infracción de tránsito. Javier Milei le encomendó personalmente a Santiago Caputo la coordinación del operativo que permitió la salida de Flávio Bolsonaro y su familia desde Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos. La orden presidencial puso al asesor de máxima confianza del mandatario al frente de una maniobra que involucró a la SIDE, Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y funcionarios de otros organismos. Caputo se ocupó de la logística, los contactos y la coordinación de una operación que dejó al margen al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dos funcionarios que, por las responsabilidades de sus respectivas carteras, deberían haber tenido un papel central. El Gobierno terminó mostrando una particular distribución de las responsabilidades: el asesor presidencial conduciendo una operación internacional mientras los ministros correspondientes quedaban mirando desde la vereda de enfrente.
La historia tuvo, además, un desenlace digno de una comedia de espionaje. Una vez que el avión privado despegó con destino a Miami, el convoy que trasladaba a Caputo fue detenido por un control policial sobre la Ruta Nacional 12, en Misiones. Eran aproximadamente las 2.50 de la madrugada y los efectivos identificaron los vehículos del Ente Binacional Yacyretá y al propio asesor presidencial. El hombre que había coordinado una operación internacional terminó explicando su presencia ante un control de tránsito. La épica del agente secreto tuvo que hacer una pausa para presentar los documentos. Pero lo verdaderamente importante no es la anécdota, sino las preguntas que quedaron flotando: quién autorizó el uso de los recursos estatales, qué papel desempeñó la SIDE y si se utilizaron fondos reservados para financiar una operación que el propio Presidente había ordenado. La inteligencia del Estado no puede convertirse en una extensión de las relaciones personales de quienes gobiernan.
El episodio también expuso una interna silenciosa dentro de la Casa Rosada. Caputo volvió a ocupar el centro de la escena y dejó a Quirno y Monteoliva al margen de una operación que involucraba directamente a sus áreas de competencia. No es un dato menor en un Gobierno donde las responsabilidades formales y el poder real no siempre comparten domicilio. Mientras tanto, Milei se resiste a reconocer el resultado electoral brasileño y asume el costo político de su identificación con Bolsonaro. Un senador libertario, con llegada directa a la Casa Rosada, dejó una advertencia que debería hacer reflexionar al oficialismo: “Si Milei no admite la derrota de Bolsonaro, se pone en un lugar que cualquiera podría pensar que se prepara para hacer lo mismo en 2027”. La frase tiene una dimensión política que excede la relación con Brasil: cuando un Presidente no reconoce un resultado adverso de un aliado, inevitablemente aparecen interrogantes sobre su propia relación con las reglas democráticas.
En el frente doméstico, Milei enfrenta otra contradicción: necesita negociar con los gobernadores para conseguir los votos que le permitan avanzar con la reforma electoral y la suspensión de las PASO. Diego Santilli trabaja para cerrar acuerdos, mientras Patricia Bullrich y Santiago Caputo acompañan la estrategia de construir mayorías con los mandatarios provinciales. Pero los primos Martín y Eduardo Menem tienen otra lectura: pretenden preservar la construcción territorial libertaria y evitar que los acuerdos con los gobernadores terminen entregando las provincias a sus propios aliados. Karina Milei tiene la última palabra en una mesa donde conviven distintas estrategias y no siempre las mismas urgencias. La discusión ya no es solamente si se eliminan las primarias, sino quién controla el armado electoral de 2027. Los gobernadores quieren conservar sus marcas, el oficialismo pretende evitar que sus adversarios se ordenen y los Menem no quieren regalarles a los socios circunstanciales el territorio que La Libertad Avanza intenta construir. Milei necesita los votos, pero su propio equipo discute cuánto territorio está dispuesto a entregar para conseguirlos.
Del otro lado, Axel Kicillof comenzó a mover sus propias piezas. El gobernador reunió en La Plata a 23 intendentes de su Movimiento Derecho al Futuro, en una convocatoria que también tuvo una lectura de construcción presidencial. Entre los presentes estuvieron Andrés Watson, Lucas Ghi, Magdalena Sierra, Pablo Descalzo, Ricardo Curutchet, Mario Secco, Fabián Cagliardi, Julio Alak, Gustavo Barrera, Gilberto Alegre, Ricardo Alessandro, Gustavo Cocconi, Carlos Ferraris, Ignacio Pugnaloni, Sebastián Walker, Rodrigo Aristimuño, Walter Wischnivetzky, Héctor Olivera, Julio Marini, María Celia Gianini, Mauro Poletti, Ricardo Moccero y Sergio Barenghi. También participaron Gabriel Katopodis, Andrés Larroque y Cristina Álvarez Rodríguez. La reunión tuvo una agenda que excedió la coyuntura provincial: los intendentes reclamaron avanzar con la restitución de las reelecciones indefinidas, mientras Kicillof ratificó su disposición a impulsar el tema por la vía legislativa. Los jefes comunales quieren volver a competir sin el límite de los dos mandatos consecutivos y el gobernador necesita consolidar una estructura territorial que acompañe su proyecto político. En esa misma mesa se habló de defender las PASO, tanto nacionales como bonaerenses, una posición que contrasta con la estrategia de Milei y que también marca una diferencia con otros sectores del peronismo.
Kicillof busca construir su propia identidad, recorrer las provincias y dejar de ser solamente el gobernador de Buenos Aires. Sabe que Sergio Massa está activo, que Cristina Kirchner pretende conservar su capacidad de decisión y que Máximo Kirchner todavía tiene influencia sobre una parte de la estructura partidaria. Los intendentes que lo acompañan representan una base territorial importante, pero también tienen intereses concretos: sus propias reelecciones y la continuidad de sus administraciones. En el peronismo todos hablan de unidad, aunque cada uno parece imaginarla con su nombre en la cabecera de la mesa. Cristina quiere conservar la centralidad, Kicillof pretende convertirse en jefe, Massa espera que su capacidad de negociación vuelva a abrirle una oportunidad y los gobernadores del interior reclaman que la política nacional deje de escribirse exclusivamente desde el conurbano.
La Argentina está en movimiento, aunque eso no significa necesariamente que sepa hacia dónde va. Porque, mientras todos preparan el 2027, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién está pensando en gobernar el país y quién está pensando solamente en quedarse con el poder?
