El Gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes el Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, mediante el Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial, que define su implementación en el ámbito de la Justicia nacional y federal para adolescentes de 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18. La norma designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y establece mecanismos de supervisión, atención a las víctimas y coordinación entre organismos nacionales y las jurisdicciones provinciales.
Según el decreto, el objetivo del régimen es fomentar en los adolescentes imputados “el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y favorecer su “educación, resocialización e integración social”.
La reglamentación establece además que su aplicación deberá realizarse de manera coordinada y con intervenciones basadas en evidencia, con el propósito de reducir la reincidencia delictiva.
Supervisores, víctimas y coordinación entre organismos
Uno de los principales cambios operativos será la puesta en marcha de la figura del supervisor especializado, encargado del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente imputado.
Los supervisores deberán contar con formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social. Para garantizar la continuidad del sistema, el decreto establece un listado provisorio de profesionales hasta que se realice la primera convocatoria pública para conformar el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, proceso que deberá concretarse en un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del decreto.
También se creó el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, cuya organización quedará a cargo del Ministerio de Justicia.
La reglamentación contempla además medidas específicas para garantizar los derechos de las víctimas, entre ellos la tutela efectiva, la asistencia especializada y el patrocinio jurídico gratuito reconocidos por la ley.
En paralelo, el decreto creó el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y tendrá como misión coordinar las áreas del Estado que intervienen en la aplicación del régimen.
El comité estará integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud, y podrá convocar a organismos especializados cuando los temas tratados así lo requieran.
Entre sus funciones aparecen la elaboración de lineamientos comunes para la prevención, el abordaje y la reinserción, el intercambio de información estadística y técnica y la coordinación necesaria para aplicar las penas previstas por la Ley 27.801.
Una Mesa Federal para coordinar con las provincias
El Decreto 875/2026 también creó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, concebida como un ámbito permanente de articulación entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La mesa tendrá entre sus objetivos armonizar criterios técnicos y procesales, intercambiar experiencias y buenas prácticas y facilitar convenios de cooperación entre las distintas jurisdicciones.
El organismo estará coordinado por un representante del Ministerio de Justicia y contará con delegados de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. También podrán participar representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
El decreto establece que tanto el Comité Interministerial como la Mesa Federal emitirán recomendaciones, aunque estas tendrán carácter no vinculante.
La reglamentación también dispone mecanismos de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia, respetando la reserva de los procesos prevista en la Ley 27.801.
