El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó para el 10 y 11 de noviembre de 2026 las audiencias públicas en las que analizará el pedido presentado por el Gobierno de Javier Milei contra el Reino Unido para frenar provisoriamente la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas, particularmente el proyecto Sea Lion, mientras avanza el arbitraje internacional iniciado por la Argentina. La decisión, adoptada en Hamburgo por el presidente del organismo, Maurice K. Kamga, abre una instancia clave para el reclamo argentino sobre los recursos del Atlántico Sur.
La presentación argentina fue formalizada el 13 de octubre, después de que venciera el plazo otorgado a Londres para detener las actividades vinculadas con el proyecto. Buenos Aires recurrió al artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales cuando todavía no se constituyó el tribunal arbitral que deberá resolver la controversia de fondo.
Qué busca Argentina y qué deberá resolver el Tribunal del Mar
El planteo argentino apunta a impedir que el Reino Unido permita el inicio o la continuidad de la explotación petrolera en la zona reclamada por nuestro país, además de solicitar que Londres se abstenga de otorgar nuevos permisos que puedan profundizar la controversia.
El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, es impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan avanzar hacia la extracción de hidrocarburos durante los próximos años. Para la Argentina, permitir que el desarrollo continúe mientras se discute la controversia podría afectar derechos vinculados con la plataforma continental y generar consecuencias difíciles de revertir.
Las audiencias de noviembre serán públicas y estarán centradas exclusivamente en las medidas provisionales. El Tribunal deberá evaluar, entre otros aspectos, si existe una base suficiente para considerar que podría tener competencia sobre la controversia, si existe una situación de urgencia y si corresponde adoptar medidas destinadas a preservar los derechos de las partes mientras continúa el proceso arbitral.
Una eventual resolución favorable a la Argentina tendría carácter obligatorio para las partes en el marco del procedimiento. Sin embargo, no significaría una definición definitiva sobre la soberanía de las Malvinas ni resolvería por sí misma el fondo de la disputa: se trataría de una decisión provisoria mientras avanza el arbitraje.
Una disputa que también tensiona la relación con Londres
La decisión del Tribunal del Mar llega en un momento de creciente tensión entre Argentina y Reino Unido por el desarrollo de los recursos naturales de las islas. Londres sostiene que las autoridades de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos y que las actividades hidrocarburíferas se realizan bajo su marco legal. Además, el Gobierno británico anunció nuevas medidas para proteger a empresas frente a eventuales acciones argentinas de alcance extraterritorial.
El Gobierno argentino, en cambio, busca utilizar todas las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para impedir que la explotación avance mientras permanece abierta la controversia de soberanía.
La audiencia de noviembre será, por lo tanto, un primer examen internacional de la estrategia argentina. Si el TIDM acepta las medidas solicitadas, el avance del proyecto Sea Lion podría quedar condicionado mientras continúa el arbitraje. Si las rechaza, el desarrollo petrolero podrá continuar sin esa restricción judicial provisoria.
Las jornadas del 10 y 11 de noviembre marcarán así un nuevo capítulo en una disputa que combina soberanía, derecho internacional, recursos energéticos y geopolítica en el Atlántico Sur.
