El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado oficial en el que detalló las actuaciones realizadas ante el conflicto entre la empresa Fate y el SUTNA, en el marco del cierre de la planta de Virreyes.
A través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Gobierno recordó que se dictó la conciliación obligatoria, y suspendió por 15 días los despidos en la empresa Fate, luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
En el texto oficial se señala que el Ministerio “cumplió con todas las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo entre la empresa y la representación sindical y preservar la actividad y el empleo”.
Conciliación, PPC y suspensión de artículos laborales
Según el comunicado, la intervención estatal comenzó en junio de 2024, cuando la empresa solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tras el fracaso de la conciliación obligatoria. Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo, lo que derivó en la caducidad del proceso en agosto del mismo año.
Posteriormente, en mayo de 2025, las partes suscribieron un acuerdo que contemplaba la reorganización de turnos y la adecuación en el pago de horas extraordinarias. Ese entendimiento fue homologado por la autoridad laboral.
No obstante, en septiembre de 2025 la empresa solicitó una prórroga alegando un agravamiento de la situación económica. El Ministerio indicó que la presentación “denunciaba medidas adoptadas por la entidad sindical”.
En paralelo, el comunicado recordó que “se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación”.
El rol del Ministerio y el futuro del conflicto
El Ministerio aseguró que continuará promoviendo instancias de mediación “en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”.
El caso Fate se convirtió en uno de los conflictos industriales más relevantes de los últimos años, con más de 900 trabajadores afectados. Mientras la empresa confirmó el cierre definitivo de la planta, el Gobierno sostiene que cumplió con los mecanismos legales previstos para intentar sostener la actividad.
