La Justicia federal argentina investiga si funcionarios del Gobierno de Javier Milei utilizaron recursos del Estado para facilitar el ingreso, la permanencia y la posterior salida hacia Estados Unidos del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro, quien llegó al país junto con su familia a fines de octubre y partió desde Puerto Iguazú en un avión privado. La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó nuevas medidas para determinar si existió una asistencia irregular de organismos públicos, quiénes participaron y bajo qué autorizaciones se habría realizado el operativo.
La investigación está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y se originó a partir de denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón. El foco está puesto en establecer si se utilizaron vehículos oficiales, personal, viáticos u otros bienes del Estado para facilitar los movimientos del brasileño.
El caso adquirió especial relevancia porque, de acuerdo con las denuncias, Flávio Bolsonaro tenía restricciones judiciales para abandonar Brasil. Por eso, los investigadores buscan reconstruir cómo ingresó a la Argentina, qué controles se realizaron y de qué manera pudo continuar su viaje hacia Estados Unidos.
Las medidas para reconstruir el recorrido de Bolsonaro
La fiscal Ochoa solicitó profundizar las medidas de prueba para determinar si existió una coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo y si algún funcionario recibió instrucciones para facilitar el traslado.
La jueza Capuchetti ya había ordenado preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de los sectores de Migraciones y Aduana. Los registros corresponden a los movimientos realizados entre el 27 y el 28 de octubre.
Además, requirió a la Dirección Nacional de Migraciones las constancias de ingreso y egreso, junto con información sobre los controles efectuados a los pasajeros y a la aeronave privada.
También pidió informes a Cancillería y al Ministerio de Seguridad para determinar si existían alertas, comunicaciones o pedidos de cooperación de las autoridades brasileñas relacionados con la situación judicial de Bolsonaro.
Los posibles delitos bajo investigación
Entre las hipótesis planteadas en las denuncias aparecen posibles delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación apunta a establecer si hubo una utilización de la estructura estatal para beneficiar al dirigente brasileño y si se omitieron controles que correspondían a los organismos intervinientes.
Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú junto con su esposa y sus dos hijas. Posteriormente, abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Miami.
