El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará acelerar durante los últimos meses de 2026 la aprobación de sus principales iniciativas en el Congreso, antes de que asuma en 2027 una nueva composición con mayor peso de la oposición y del bloque de centroderecha conocido como Centrão. Seguridad pública, la designación de un nuevo ministro del Supremo y el Presupuesto serán algunas de las prioridades, mientras la oposición impulsa debates sobre la edad de responsabilidad penal, una reforma judicial y cambios en el sistema electoral.
El escenario obliga al mandatario a negociar con un Parlamento que no tendrá una mayoría propia. Por eso, dirigentes cercanos al Gobierno consideran que los próximos dos meses serán decisivos para avanzar con proyectos que podrían encontrar mayores obstáculos a partir del próximo año.
“Él [Lula] tiene que hacer cosas que no podrá hacer fácilmente en la próxima legislatura; tiene que cumplir sus promesas ahora. Tiene que tomar el control de las cámaras legislativas”, resumió un dirigente oficialista.
Seguridad, Supremo y Presupuesto, las prioridades
Uno de los principales objetivos será avanzar con la enmienda constitucional sobre Seguridad Pública, que ya está lista para ser discutida en el Senado. El proyecto busca ampliar las herramientas del Gobierno federal en materia de seguridad y Lula anticipó que, si logra su aprobación, impulsará la creación de un Ministerio de Seguridad Pública.
El segundo frente será la designación del reemplazante del exministro Luis Roberto Barroso en el Supremo Tribunal Federal. El primer candidato propuesto por Lula, Jorge Messias, fue rechazado por el Senado, por lo que el Ejecutivo deberá buscar un nombre con mayores posibilidades de obtener los 41 votos necesarios.
Entre los nombres mencionados aparece Rodrigo Pacheco, actual ministro del Tribunal de Cuentas Federal y expresidente del Senado, cuya eventual designación podría facilitar acuerdos con distintos sectores parlamentarios.
También estará en discusión el Presupuesto 2027, en un escenario marcado por las promesas realizadas por Lula durante la campaña y la necesidad de definir modificaciones fiscales que permitan financiarlas.
El Centrão prepara su propia agenda
Mientras el oficialismo intenta cerrar acuerdos, el Centrão pretende utilizar el período previo a la nueva legislatura para impulsar iniciativas propias. Entre ellas aparece la reducción de la edad de responsabilidad penal, un tema que ya generó tensiones durante el debate sobre seguridad.
La propuesta busca establecer que los jóvenes de 16 años puedan responder penalmente por delitos graves, aunque sectores opositores pretenden reducir todavía más la edad en determinados casos.
También aparecen sobre la mesa una eventual reforma del Poder Judicial, posibles límites a los mandatos de los jueces del Supremo y cambios en las reglas para iniciar procesos de juicio político contra los magistrados.
A esto se suma la discusión sobre una reforma del sistema electoral, con alternativas que van desde un modelo proporcional mixto hasta sistemas por distritos o el regreso de las coaliciones electorales.
En paralelo, Lula apuesta a conservar el respaldo de Hugo Motta en Diputados y Davi Alcolumbre en el Senado, dos figuras centrales para la gobernabilidad y para la futura elección de las autoridades parlamentarias, prevista para febrero de 2027. El desafío del presidente será avanzar ahora con su agenda antes de enfrentar un Congreso todavía más complejo.
