María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso en Venezuela desde diciembre de 2024 y acusado de terrorismo, solicitó este lunes al papa León XIV que interceda por la liberación de su marido y de todos los presos políticos en el país suramericano, que la ONG Foro Penal cifra en 823 personas.
“Su santidad papa León XIV, le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes presos injustamente en Venezuela. Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos”, expresó Gómez en su cuenta de X. Asimismo, subrayó que “no puede haber canonización con presos políticos”, en referencia a la santificación del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, prevista para el próximo 19 de octubre.
Gallo fue detenido al ingresar a Venezuela, según el Ministerio Público del país, bajo la acusación de vinculación con “un grupo de personas” que habría intentado ejecutar acciones desestabilizadoras y terroristas, con “apoyo de grupos de la ultraderecha internacional”. La fiscalía venezolana indicó que el gendarme ingresó “irregularmente” al país “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”.
El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, sostuvo que el viaje de Gallo tenía el único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo, y denunció que la administración de Nicolás Maduro toma como rehenes a extranjeros para garantizar su impunidad en el contexto de la juramentación presidencial realizada en enero de 2025. Según Foro Penal, 89 extranjeros permanecen detenidos en prisiones venezolanas considerados presos políticos, mientras que el Gobierno de Maduro sostiene que no existen presos políticos y que los detenidos enfrentan procesos legales por delitos cometidos.
En paralelo, la ONG venezolana Súmate volvió a denunciar la detención “injusta” de su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, privada de libertad desde hace 400 días. La organización solicitó la anulación del proceso judicial, alegando múltiples irregularidades y la utilización de pruebas forjadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Súmate pidió que se respeten los derechos humanos y garantías constitucionales de Sánchez, así como acciones reparadoras por los daños morales y físicos sufridos durante la detención.
Estos casos reavivan la atención internacional sobre la situación de los presos políticos y extranjeros en Venezuela, mientras familias y ONG exigen una intervención que permita garantizar la libertad y el respeto a los derechos humanos de los detenidos.
