La crisis en Irán atraviesa uno de sus momentos más dramáticos en años. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno iraní lleva adelante una represión letal contra las protestas populares, con un saldo que ya supera los 500 muertos y 10.000 detenidos, en medio de un apagón casi total de internet y sin información oficial transparente.
Según la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 544 personas murieron desde el inicio de las manifestaciones, el pasado 28 de diciembre, cuando las protestas estallaron por el fuerte deterioro de la situación económica. Con el correr de los días, el reclamo se extendió a más de cien ciudades y derivó en un abierto cuestionamiento al régimen teocrático que gobierna el país desde 1979.
La misma organización informó que 10.681 personas fueron arrestadas, entre ellas 160 menores de edad y 52 estudiantes, lo que refuerza las denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Apagón informativo y denuncias de ejecuciones
Otras ONG internacionales advierten que el número de víctimas fatales podría ser aún mayor. Iran Human Rights, con sede en Noruega, confirmó al menos 192 manifestantes muertos, aunque aclaró que el conteo es parcial debido al corte de internet, que impide verificar los hechos sobre el terreno.
En esa línea, la organización Netblocks, especializada en monitoreo de la red, aseguró que el apagón informativo ya superó las 60 horas, y advirtió que la censura digital “representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de la población iraní”.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) fue aún más contundente y habló directamente de una masacre en curso. Según sus reportes, basados en testimonios presenciales, cientos de manifestantes habrían sido asesinados, muchos de ellos con disparos dirigidos a los ojos. Además, denunció que los hospitales están colapsados y que las reservas de sangre comienzan a agotarse.
Presión internacional y respuesta del régimen
Frente a la gravedad de la situación, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió al gobierno iraní “máxima moderación” y reclamó que se abstenga de utilizar fuerza “innecesaria o desproporcionada” contra la población civil.
La respuesta oficial de Teherán fue diametralmente opuesta. El gobierno decretó tres días de duelo nacional por los “mártires”, incluyendo a miembros de las fuerzas de seguridad, y el presidente Masoud Pezeshkian convocó a una “marcha nacional de resistencia”, acusando a los manifestantes de ejercer violencia como “terroristas urbanos”.
Estas protestas representan uno de los mayores desafíos al liderazgo del ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, especialmente luego de la reciente guerra de 12 días entre Israel e Irán, con respaldo de Estados Unidos. En ese contexto, la represión interna profundiza el aislamiento internacional del régimen y agrava una crisis que, lejos de apagarse, parece entrar en una fase aún más peligrosa.
