El Senado sancionó este jueves la ley de financiamiento universitario y recomposición salarial para el personal docente y no docente, con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará la norma una vez que llegue a la Casa Rosada.
Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa se encuentran los 34 miembros del interbloque de Unión por la Patria, así como figuras destacadas de distintos bloques: Pablo Blanco y Martín Lousteau; Guadalupe Tagliaferri; Mónica Silva; Beatriz Ávila; Carlos Espínola; Alejandra Vigo; los dos senadores santacruceños; 11 radicales; Edith Terenzi; y dos del PRO: Luis Juez y Alfredo De Ángeli.
La ley, impulsada por la diputada entrerriana Blanca Osuna y consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes de diversos espacios políticos, establece una actualización automática de los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas, a partir del 1º de enero de 2025, tomando como referencia la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El alcance de la medida incluye partidas para hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, actividades de extensión universitaria y los gastos generales de funcionamiento. Además, se fija una actualización bimestral durante todo 2025 para garantizar la continuidad de los servicios educativos.
En cuanto a los salarios, la norma establece que el personal docente y no docente recibirá una recomposición desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, ajustada al IPC correspondiente, y que será remunerativa y bonificable. También se incorpora la totalidad de las sumas no remunerativas al salario básico durante este año.
La ley contempla además la actualización de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándolas por la inflación acumulada desde diciembre de 2023, con un aumento progresivo en la cantidad de becas según el crecimiento de la matrícula en escuelas e instituciones superiores públicas.
Para garantizar transparencia, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades estatales, con informes que deberán ser remitidos al Congreso, incluyendo un plan de seguimiento y control.
Finalmente, el Ejecutivo deberá disponer de los créditos presupuestarios necesarios para mantener la continuidad de los servicios universitarios, actualizando los montos sin afectar la coparticipación federal de impuestos ni los aportes del Tesoro nacional, asegurando así el equilibrio fiscal y la protección de recursos provinciales.
