El Gobierno de Javier Milei publicó este viernes 4 de septiembre un listado de 45 empresas y personas alcanzadas por sanciones por su participación directa o indirecta en actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La medida fue impulsada por la Secretaría de Energía y la Cancillería y apunta principalmente a quienes intervienen en proyectos petroleros en la Cuenca Malvinas Norte, al considerar que operan sin autorización argentina en un territorio cuya soberanía reclama nuestro país.
La decisión se conoce pocos días después de la cadena nacional en la que Milei anunció un endurecimiento de las sanciones contra las compañías que participen de actividades económicas vinculadas con la explotación de los recursos naturales de las islas.
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho”, sostuvo el Gobierno en un mensaje difundido por la Oficina del Presidente.
Quiénes integran la lista de sancionados
El listado oficial incluye a operadoras petroleras, accionistas, fondos de inversión, directivos, proveedores, asesores y empresas vinculadas con proyectos offshore.
Entre las compañías señaladas aparecen Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited, consideradas por el Gobierno argentino “ilegítimas licenciatarias”. También figuran Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, además de accionistas y fondos vinculados con ambas firmas.
La nómina alcanza asimismo a JHI Associates Inc., JHI Falklands Inc., Borders & Southern Falkland Islands Limited, y a empresas relacionadas con esos proyectos. En el caso de JHI, el Gobierno identifica como accionista a Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El listado también incorpora firmas relacionadas con la prestación de servicios e infraestructura, entre ellas Noble Corporation y Fugro NV, además de compañías financieras y fondos de inversión de Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Canadá, Dinamarca, Suecia, Sudáfrica, Kazajistán y otros países.
De esta manera, la medida no se limita a quienes exploran o producen petróleo, sino que busca alcanzar a toda la cadena empresarial que, según el Gobierno argentino, facilita o financia esas actividades.
Qué implican las sanciones y cuál es el objetivo
Las medidas contemplan la prohibición de operar en territorio argentino, restricciones financieras y limitaciones para acceder a permisos energéticos o participar en licitaciones. También alcanzan a personas físicas vinculadas con los proyectos y establecen restricciones para mantener determinadas relaciones comerciales dentro del país.
El Gobierno busca así aumentar el costo para las compañías que intervienen en explotaciones hidrocarburíferas que considera ilegales y desalentar el avance unilateral de proyectos petroleros en las aguas circundantes a las Malvinas.
El principal foco está puesto en Sea Lion, proyecto desarrollado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, que podría convertirse en uno de los primeros emprendimientos de explotación petrolera a gran escala en la zona.
La ofensiva argentina se suma al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por Milei y a las medidas destinadas a reforzar la presencia del Estado en el Atlántico Sur.
