El Gobierno nacional oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, luego de los cambios implementados en la Quinta de Olivos y del traspaso de responsabilidades de seguridad a la Casa Militar. La dimisión fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y tiene vigencia desde el 20 de septiembre.
La norma publicada en el Boletín Oficial no especifica los motivos de la salida y se limita a aceptar la renuncia y agradecer a Agudiez por “los servicios prestados” durante su gestión. Con la decisión, el cargo que ocupaba desde enero de 2024 queda vacante.
La salida se conoce después de la reorganización de Olivos
Agudiez formaba parte del equipo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y desde su área tenía bajo su órbita tareas relacionadas con la planificación y el funcionamiento de distintas dependencias presidenciales, entre ellas la Quinta de Olivos.
Su renuncia se conoció pocos días después de una reorganización de la residencia presidencial. El Gobierno dispuso la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y estableció que la Casa Militar asumiera la responsabilidad integral de la seguridad del predio y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.
El proceso también incluyó desvinculaciones y reasignaciones de personal civil. Según información oficial difundida en ese momento, fueron 12 los empleados desvinculados y la transferencia de responsabilidades y bienes a la Casa Militar deberá completarse en un plazo de hasta 60 días.
Una denuncia que quedó bajo investigación judicial
En paralelo a la reestructuración, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia judicial para que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la compra de alimentos destinados a la Quinta de Olivos y un emprendimiento gastronómico denominado “Pancitos Caseros”.
La presentación planteó como hipótesis que alimentos adquiridos con fondos públicos para la residencia presidencial podrían haber sido derivados a ese emprendimiento privado.
