La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó este lunes a la Fundación Faro Argentina, el centro de estudios liderado por Agustín Laje y vinculado a sectores que responden a Santiago Caputo, para que informe en un plazo de diez días (resta 1 semana), quiénes fueron los aportantes que financiaron casi $5.000 millones durante 2024. La medida fue adoptada luego de que la entidad declarara ingresos por $4.957 millones en concepto de donaciones, cursos y talleres, una cifra que despertó interrogantes sobre el origen de los fondos y activó los mecanismos de control previstos por la normativa vigente.
Según trascendió, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia solicitó a la fundación la presentación del denominado “Anexo XIII”, una declaración obligatoria para organizaciones civiles que reciben aportes de magnitud significativa. La regulación establece que toda entidad debe acreditar la procedencia lícita de los fondos cuando estos superan el equivalente a 40 salarios mínimos vitales y móviles dentro de un período de treinta días.
La intimación coloca bajo observación a una de las organizaciones que ganó mayor relevancia dentro del universo libertario desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y que, en apenas un año, registró un crecimiento patrimonial extraordinario.
Un crecimiento patrimonial que llamó la atención de los organismos de control
Los balances oficiales muestran que la actual Fundación Faro tuvo un salto económico sin precedentes. En 2023, cuando todavía operaba bajo el nombre de Fundación Valorar, había declarado un patrimonio neto cercano a los $12 millones y recursos por alrededor de $49 millones.
Sin embargo, tras la llegada de nuevas autoridades y el cambio de denominación formalizado en octubre de 2024, la situación financiera se transformó de manera drástica. El patrimonio neto declarado ascendió a $4.394 millones, mientras que los ingresos reportados rozaron los $5.000 millones.
De acuerdo con la documentación presentada ante la IGJ, una parte sustancial de esos recursos fue destinada a inversiones financieras, aunque los balances difundidos no detallan públicamente la identidad de los principales aportantes.
La entidad es presidida por Agustín Laje y tiene entre sus principales referentes a Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial Santiago Caputo. En los últimos dos años la fundación se convirtió en uno de los espacios de producción de ideas más cercanos al oficialismo y organizó diversos encuentros políticos y empresariales que contaron con la participación del presidente Javier Milei. Ahora, el organismo responde a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y ya se vive como un capítulo mas de la interna libertaria.
Plazos, documentación pendiente y posibles sanciones
Además de requerir la identificación de los donantes correspondientes al ejercicio 2024, la IGJ solicitó la presentación de los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2025.
El organismo también analiza otras observaciones administrativas vinculadas con documentación societaria, firmas registradas en balances anteriores y aspectos relacionados con el proceso de transformación institucional de la entidad.
Según las normas vigentes, si la fundación no responde dentro del plazo otorgado, podría enfrentar sanciones económicas que alcanzarían hasta $8 millones por cada incumplimiento detectado.
