La Confederación General del Trabajo resolvió movilizar masivamente al Congreso de la Nación el próximo miércoles 11 de febrero, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, que comenzará a debatirse ese día en el Senado.
La decisión fue tomada este viernes durante una reunión del Consejo Directivo Nacional realizada en la histórica sede sindical de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro fue encabezado por los cotitulares de la central obrera Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
Sin paro general, pero con plan de lucha en marcha
La conducción cegetista resolvió no convocar a un paro general la próxima semana, aunque dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas si el proyecto avanza sin cambios. Cada sindicato, no obstante, quedó habilitado para disponer ceses de actividades parciales que faciliten la participación de los trabajadores en la protesta.
La movilización marcará la continuidad del plan de lucha iniciado el 18 de diciembre pasado, cuando una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo logró frenar el tratamiento de la reforma a fines de 2025. Desde la CGT advirtieron que, en caso de que la ley sea aprobada, el conflicto se trasladará también a los planos político y judicial.
“Esta es una batalla que recién empieza en el Congreso”, habían anticipado días atrás desde la conducción sindical. La estrategia apunta a escalar el conflicto de manera programada, priorizando el lobby parlamentario para introducir modificaciones en los artículos que, según los gremios, afectan el financiamiento y la estructura de los sindicatos.
Protesta federal y presión al Senado
Además de la concentración frente al Congreso, la CGT dispuso federalizar la protesta, con marchas y actos en capitales provinciales y principales ciudades del país, en simultáneo con la sesión del Senado. El objetivo es amplificar el rechazo a la iniciativa oficialista y presionar a los gobernadores y legisladores que podrían acompañar el proyecto del Ejecutivo.
Durante la reunión también hubo fuertes críticas al Gobierno nacional y a varios mandatarios provinciales (Llaryora y Pullaro), que evitaron recibir a los dirigentes sindicales y, según la central obrera, se muestran alineados con la Casa Rosada. Aunque en la conducción sindical dan por probable que la reforma termine convirtiéndose en ley, los esfuerzos están puestos en moderar su alcance y dejar en claro que, de no haber cambios, las medidas de fuerza podrían endurecerse.
