La diputada nacional Marcela Pagano solicitó ante la Justicia federal la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras denunciar que intentó influir sobre un testigo clave en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en un hecho que —según la presentación— ocurrió el 4 de mayo de 2026, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras el funcionario se encuentra en ejercicio de su cargo.
Según el escrito presentado ante el juzgado federal, Pagano pidió la aplicación de la llamada “doctrina Irurzun” y argumentó que existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación por parte del funcionario nacional.
El eje de la denuncia: contacto con un testigo clave
El planteo se apoya en la declaración del contratista Matías Tabar, quien habría asegurado ante el fiscal Gerardo Pollicita que Adorni se comunicó con él antes de su testimonio judicial.
De acuerdo a la presentación, el funcionario le habría manifestado que “necesitaba hablar con él” y le ofreció “ayuda” o el contacto de su “equipo”, lo que fue interpretado como un intento de interferir en su declaración.
El testigo, siempre según la denuncia, rechazó el ofrecimiento y aportó su teléfono celular para peritaje, aunque reconoció que había eliminado parte de los mensajes intercambiados, lo que motivó un pedido de recuperación forense.
Para la denunciante, este accionar no es menor: sostiene que se trata de “una maniobra concreta y consumada de aproximación al órgano de prueba”, acompañada por la eliminación de evidencia digital.
La “doctrina Irurzun” y el pedido de detención
En su presentación, Pagano invocó la denominada “doctrina Irurzun”, utilizada en causas de corrupción para justificar detenciones preventivas cuando existen riesgos procesales.
El argumento central es que el poder de un funcionario —incluso residual en ex cargos— puede ser utilizado para influir en testigos o manipular pruebas. En este caso, la diputada plantea una interpretación más amplia: que ese criterio debe aplicarse con mayor razón a un funcionario en ejercicio.
En ese sentido, sostuvo que el jefe de Gabinete posee una estructura de poder activa que le permitiría incidir en la investigación, al contar con capacidad de influencia institucional, acceso a información y recursos estatales.
Además, el escrito advierte que la conducta denunciada podría encuadrarse como entorpecimiento de la investigación y también como incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Qué medidas pidió la diputada Pagano
El pedido principal es la detención inmediata de Adorni. Sin embargo, de manera subsidiaria, la diputada solicitó una serie de medidas alternativas:
- Prohibición de contacto con testigos
- Retención del pasaporte
- Caución económica
- Preservación de comunicaciones digitales
- Audiencia urgente para evaluar el caso
La presentación también pide ampliar la imputación para incluir nuevos delitos vinculados a la conducta denunciada.
