La tensión política en Villa Gesell cruzó un límite peligroso. Paloma Rodríguez, asesora del bloque de concejales del PRO (dentro de la coalición Juntos por el Cambio), denunció ante la Comisaría de la Mujer y la Familia haber sido agredida física y verbalmente por un empleado municipal vinculado al oficialismo local.
El incidente, ocurrido dentro del Honorable Concejo Deliberante (HCD), se produce en un clima de extrema hostilidad por el tratamiento de un presupuesto que la oposición califica de “confiscatorio”.
Violencia en el recinto
Según el relato de la víctima, la agresión se produjo tras una serie de hostigamientos verbales que terminaron en contacto físico violento por parte del denunciado. Desde el bloque del PRO emitieron un comunicado de repudio inmediato, exigiendo que el intendente Gustavo Barrera tome medidas disciplinarias y administrativas contra el agresor, subrayando que este tipo de prácticas “buscan amedrentar la labor legislativa de control”.
El trasfondo económico: El “doble” de presupuesto
Para la oposición, este estallido de violencia no es casual. El eje del conflicto es el Presupuesto 2026, que actualmente se encuentra bloqueado en comisión tras el rechazo de los bloques no oficialistas.
Los datos técnicos que alimentan la disputa son contundentes:
- Cifras récord: el Ejecutivo municipal solicitó un presupuesto de $61.609 millones.
- El salto nominal: este monto representa prácticamente el doble de lo proyectado en el ejercicio previo, un incremento que la oposición considera injustificable bajo los actuales parámetros de eficiencia del gasto.
- Aumento de Tasas: el proyecto contempla subas en las tasas municipales que oscilan entre el 37% y el 49%, además de la creación de nuevas tasas, como el polémico impuesto al combustible.
Desde el oficialismo argumentan que el rechazo del presupuesto es un “bloqueo institucional” que pone en riesgo servicios básicos y el sistema de salud pública (que absorbe el 35% de los fondos). Sin embargo, la oposición sostiene que no avalará un esquema que duplica la presión impositiva sobre los vecinos sin transparencia en la ejecución.
Mientras la justicia investiga la denuncia de Rodríguez, el Concejo Deliberante funciona con el presupuesto 2025 prorrogado. La falta de consenso político ha transformado el debate técnico en un escenario de agresiones que, esta semana, dejaron de ser simbólicas para volverse físicas en los pasillos de la casa de la democracia geselina.
