El Gobierno festeja la desaceleración como si fuera una victoria final. Pero la inflación no está pulverizada: está reconfigurada. En términos anuales proyectados, 2026 se perfila más cerca del 20% que del 12% prometido. Igual, es una victoria si se piensa en el más de 100% de 2023. Pero el dato incómodo —ese que no entra en los PowerPoint— es que la inflación de la canasta de pobreza volvió a subir arriba del 3%. Ahí no hay escalerita: hay golpe directo al estómago.
Hay una inflación que baja y otra que simplemente cambia de forma. Ya no es una avalancha, ahora es una escalerita. Un escalón por mes. No desaparece. Se acomoda. Como esos problemas argentinos que dejan de gritar para empezar a susurrar.
En los supermercados, diciembre arrancó con su ritual pagano de remarcaciones. Lácteos, embutidos, carne que no afloja. A eso se le suma el desfile tarifario: luz, gas, agua, celulares, combustibles. La nafta, madre de todas las batallas logísticas, vuelve a empujar la cadena de precios. El Gobierno dice que la inflación núcleo está tranquila. La góndola, no tanto. El consumo no despega y las empresas cierran porque no se pueden sostener.
Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en base a los registros del seguro obligatorio del sistema, en los 22 meses, de mediciones del gobierno de Milei, se produjo una caída real —entre altas y bajas— de 19.114 empresas (casi 30 por día) que emplean a uno o más trabajadores. 264.101 fue el total de trabajadores o empleados, que quedaron sin trabajo.
Y mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la billetera, en las alturas del poder económico se vive otra escena. Silenciosa, pero contundente: empieza a consolidarse una nueva burguesía nacional. Como siempre en la Argentina, los ciclos no sólo cambian políticas: cambian ganadores.
Se va Nutrien, el gigante canadiense de fertilizantes. Entra capital local. Adecoagro, cooperativas argentinas. YPF se desprende de activos “maduros” para concentrarse en Vaca Muerta y el GNL, ese futuro exportador que promete dólares como si fueran maná. Entre los interesados y compradores de estos yacimientos se encuentran empresas como Pecom Energía (Pérez Companc).
A través de su holding Integra Capital, junto al gigante global Mercuria Energy, los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano se metieron de lleno en la pelea con una oferta que ronda u$s1.400 millones para adquirir la totalidad de Shell en el país, que hoy opera bajo licencia por la brasileña Raízen.
Manzano y Vila tienen participaciones en diversos sectores, incluyendo el holding del Grupo América, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina que es Edenor, y también en los segmentos de la construcción, el petróleo, el gas y la minería. Carrefour francés busca salida; Francisco De Narváez que ya tiene Chango Más, hoy aparece en escena. Javier y Karina Milei, y Armando Cavallieri cuyo sindicato abarca a los empleados de supermercados, ya habrían dado el visto bueno.
Y OCA, la histórica postal, se suma al portafolio de Leonardo Scatturice, el mismo fondo que ya controla Flybondi. El mismo que acercó al presidente Argentino a la CPAC en Estado Unidos en donde Milei se encontró con Trump.
El combo es perfecto: avión internacional, avión doméstico y última milla. Logística completa. MercadoLibre ya tiene espejo. No es conspiración: es época. Una nueva elite económica, más concentrada, más diversificada, más sentada a la mesa donde se decide el mañana.
Pero toda burguesía necesita algo más que negocios. Y ahí aparece el tema judicial. No hay Corte Suprema completa. No hay Procurador General con los dos tercios del Senado. El sistema acusatorio avanza sin jefe de fiscales. La Justicia, como la inflación, funciona a medias. Y los inversores piden reglas claras. Karina Milei, comenzó a meter mano. Como en todos los recovecos del Estado.
El primer paso visible lo dio en el Consejo de la Magistratura, metiendo al cordobés Gonzalo Roca. Santiago Viola, es el paso invisible. El Apoderado nacional del partido y abogado de confianza, es quien comenzó a ocupar el rol de enlace con la Justicia, en reemplazo de Sebastián Amerio, el vice de Justicia que responde a Santiago Caputo.
En los pasillos de tribunales lo ven de otra forma. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó que “rechaza de manera categórica” las modificaciones incluidas en el proyecto denominado por el Ejecutivo como “Ley de Modernización Laboral”.
Los principales puntos a los que se opone la asociación de jueces y funcionarios judiciales son los “tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”, por lo que calificaron de “inadmisibles” los artículos 90 y 91 del proyecto.
En paralelo, la política laboral se convierte en el campo minado del presente. Karina Milei asegura que la reforma será ley antes de fin de año. A cuenta rápida, afirma a su entorno, La Libertad Avanza cuenta con 33 votos garantizados: a sus 20 senadores incluyéndolo a Luis Juez, le suma los diez del radicalismo y los tres del PRO. Estaría a sólo cuatro votos.
Allí, saldrán a pescar, al igual que el peronismo, al correntino Espínola, la tucumana Ávila y los dos oficialistas misioneros. “Si , alguno de ellos se nos manca, podemos recurrir a la chubutense Terenzi (se referencia con el gobernador Nacho Torres), la neuquina Corroza que responde al mandatario Figueroa”, dice una senadora que tiene línea directa con la hermana presidencial. Los dos Santacruceños, son tironeados por los dos sectores
El Congreso, más realista, mira febrero. Los gobernadores van a acompañar, pero pedirán algunas modificaciones.
El jueves 18, la CGT sale a Plaza de Mayo. Con las dos CTA, movimientos sociales y la izquierda. Prometen 150 mil personas. No es sólo (dicen) por la cuota solidaria, aunque el Gobierno insista con ese relato. Es por el fondo, esgrimen sin margen porque están siendo desbordados por sus bases: indemnizaciones acotadas, fin de la ultraactividad, convenios por empresa, límites al derecho colectivo. Para el sindicalismo, no es modernización: es poda.
En Azopardo ya analizan un amparo. Argumento jurídico fino: la reforma incluye cambios tributarios y debería haber entrado por Diputados. Artículo 52 de la Constitución en mano. Cuando la política se empantana, la Justicia aparece como última trinchera. Aunque esté incompleta.
Dentro del oficialismo también hay grieta. El ala dialoguista —Caputo, Cordero— cree que sin acuerdos con la CGT no hay paz social. Del otro lado, Sturzenegger empuja la topadora normativa. Es el choque de estilos: bisturí o motosierra. Consenso o imposición.
Tal vez estemos asistiendo a un cambio de clima de época. Cuando lo conocido se diluye y lo nuevo todavía no termina de tomar forma.
