La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó este lunes el cierre de la primera instancia del juicio por la estatización de YPF y dejó sin efecto la sentencia que en 2023 había condenado a la Argentina a pagar US$16.100 millones a los demandantes. La decisión acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que en marzo había revocado aquella indemnización, aunque el litigio todavía podría continuar si la Corte Suprema de Estados Unidos acepta revisar el caso a pedido de Burford Capital.
La resolución de Preska tiene un alcance principalmente procesal: incorpora al expediente de primera instancia lo resuelto por la Cámara y formaliza el cierre de su intervención. Por eso, no modifica una condena vigente contra el Estado argentino, sino que confirma que aquella sentencia multimillonaria quedó anulada.
Qué decidió Preska y qué puede pasar ahora
El documento conocido como final judgment incorpora el resultado del fallo de segunda instancia y desestima además el intento de los demandantes de mantener abierto el expediente mientras se define si la Corte Suprema estadounidense interviene.
En términos formales, Preska “ordena, juzga y decreta” que su sentencia favorable a los demandantes queda sin efecto. De esta manera, concluye su participación en una causa que comenzó en 2015 y que llegó a su juzgado en 2017, luego de la muerte del juez Thomas Griesa.
La Cámara de Apelaciones había considerado que Preska interpretó de manera incorrecta el derecho argentino al establecer la responsabilidad del Estado por la forma en que se realizó la estatización de YPF.
Desde la Procuración del Tesoro habían considerado esperada la resolución. “Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones”, explicaron.
Sin embargo, el conflicto todavía no está definitivamente terminado.
Burford busca llegar a la Corte Suprema
El fondo Burford Capital, que adquirió los derechos para litigar de empresas vinculadas con la familia Eskenazi, presentó a comienzos de octubre un pedido ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que revise el fallo de la Cámara de Apelaciones.
Ahora el máximo tribunal estadounidense deberá decidir si acepta o rechaza ese planteo. La eventual intervención de la Corte constituye la última instancia que podría modificar el escenario favorable conseguido por la Argentina.
