El capítulo de Discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027 generó una fuerte discusión política porque incorporaba modificaciones concretas sobre el acceso a las pensiones, la compatibilidad con el empleo y el sistema de prestaciones. Tras las críticas recibidas, el Gobierno decidió revisar el texto y avanzar en una propuesta consensuada con los bloques aliados.
La redacción original del proyecto planteaba reemplazar el actual enfoque basado en derechos por un criterio de “invalidez laboral” para determinar el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. El beneficio quedaba establecido en un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Otro cambio central era el rol del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El proyecto establecía que contar con el certificado no implicaría por sí mismo el acceso a la pensión y trasladaba a la reglamentación del Poder Ejecutivo la definición de los requisitos necesarios para obtener el beneficio.
También se proponía modificar completamente la relación entre la pensión y el trabajo formal. El texto original establecía una incompatibilidad absoluta entre la pensión y un empleo registrado. Es decir, el alta tributaria o la incorporación a un trabajo formal podía provocar la pérdida del beneficio, incluso cuando se tratara de una actividad de pocas horas.
Ese punto implicaba un cambio respecto del esquema vigente, que permite compatibilizar la pensión con un empleo o con el monotributo hasta un límite de dos salarios mínimos.
El proyecto también modificaba el sistema de prestaciones. Se planteaba eliminar el esquema de arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que establece valores de referencia para las distintas prestaciones destinadas a personas con discapacidad. De aprobarse esa modificación, obras sociales, prepagas y provincias tendrían mayor margen para establecer los valores de las terapias y servicios.
A esto se sumaba la eliminación del acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud vinculado a quienes reciben la Pensión No Contributiva por Discapacidad.
La propuesta generó resistencias en el Congreso, especialmente porque se estaba negociando en paralelo una alternativa para reemplazar la actual Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año.
El nuevo texto que negocia el Gobierno
Después de la controversia, el oficialismo resolvió retirar buena parte de esos cambios del capítulo original del Presupuesto y trabajar sobre un nuevo proyecto.
La propuesta en discusión mantiene la intención de endurecer los requisitos para acceder a una pensión, pero busca establecer criterios más precisos que permitan diferenciar los distintos grados de discapacidad. El objetivo planteado es que el beneficio esté vinculado a la situación concreta de la persona y a su capacidad para desarrollar una actividad laboral.
En cuanto al CUD, el nuevo esquema tampoco lo tomaría como único requisito para acceder automáticamente a la pensión.
Otro cambio previsto afecta al nomenclador. La actualización de los valores pasaría a realizarse cada dos meses según la variación del IPC, en lugar de una actualización mensual.
Y existe una modificación importante respecto del empleo: las pensiones podrían ser compatibles con un trabajo registrado, revirtiendo uno de los puntos más restrictivos del proyecto original.
Todavía queda pendiente resolver otro aspecto clave: las compensaciones para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, un reclamo que forma parte de las negociaciones parlamentarias.
