El Gobierno nacional avanzó con una profunda reforma del sistema de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La norma, firmada el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, reorganiza organismos clave, crea nuevas agencias y amplía las atribuciones del área, incluida la posibilidad de aprehender personas en determinados casos.
El decreto coloca a la SIDE como autoridad central del Sistema de Inteligencia Nacional, con control sobre la planificación, obtención y análisis de información estratégica. Además, la habilita a requerir datos a cualquier organismo del sector público y a coordinar acciones con provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entidades extranjeras vinculadas a inteligencia y seguridad.
Uno de los cambios conceptuales más relevantes es la incorporación explícita del carácter reservado de la actividad. El texto establece que todas las acciones de inteligencia revisten naturaleza encubierta debido a su sensibilidad, con el objetivo de reducir riesgos estratégicos para el Estado.
Cambios en la estructura y nuevas agencias
El DNU redefine el mapa institucional del área. La Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con foco en la detección de espionaje, sabotaje, injerencias externas y amenazas al orden constitucional. En paralelo, la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia, orientada al ámbito digital y tecnológico.
También se disuelve la antigua División de Asuntos Internos y se crea la Inspectoría General de Inteligencia, que tendrá a su cargo auditorías, investigaciones internas y el control del desempeño de los organismos que integran el sistema.
A la vez, el decreto dispone la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, un ente descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Su misión será planificar y ejecutar políticas para proteger infraestructuras críticas, activos digitales estratégicos y los sistemas tecnológicos utilizados en servicios públicos esenciales.
Aprehensiones, seguridad propia y coordinación estatal
Entre las facultades más sensibles, el DNU habilita al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas cuando exista una orden judicial o ante delitos cometidos en flagrancia. En esos casos, se deberá dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.
El texto también autoriza a los organismos de inteligencia a brindar su propia seguridad, proteger instalaciones, bienes y personal, y repeler agresiones que afecten su funcionamiento. Además, se crean dos espacios de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que agrupa a los servicios de inteligencia y áreas afines de fuerzas armadas y de seguridad, y la Comunidad Informativa Nacional, integrada por organismos con capacidad de generar datos estratégicos para el Estado.
Finalmente, el decreto prevé la reasignación del personal, bienes y recursos de los organismos que cambian de denominación o se disuelven, garantizando la continuidad operativa mientras avanza el proceso de reorganización.
El ex ministro Kirchnerista Jorge Taiana, cuestionó fuertemente la medida y dijo que “la consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores.”
