La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que presentará una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena que la inhabilita de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Lo hizo a través de una columna de opinión publicada en medios internacionales como El País (España) y Libération (Francia), donde defendió su inocencia, denunció una persecución judicial y sostuvo que su caso trasciende el plano personal para convertirse en un problema institucional que, según afirmó, afecta a la democracia argentina.
La exmandataria, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, centró su mensaje en el rol del Poder Judicial y en el impacto que, a su entender, tienen determinadas decisiones judiciales sobre la representación política.
Cristina Kirchner cuestionó el proceso judicial y anunció una presentación internacional
En el artículo, la exjefa de Estado sostuvo que la democracia depende del funcionamiento independiente de las instituciones y advirtió sobre las consecuencias que, según su visión, genera la intervención de la Justicia en la competencia política.
“La democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Depende, ante todo, de la existencia de instituciones capaces de garantizar que la voluntad popular pueda expresarse libremente”, afirmó.
Además, cuestionó el proceso judicial que culminó con su condena y aseguró que fue sometida a un juicio atravesado por irregularidades.
“He sido sometida a un proceso marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal”, sostuvo, al tiempo que denunció un clima de hostilidad y señaló que también fue víctima de “machismo estructural” dentro de sectores del sistema judicial.
La expresidenta también recordó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y aseguró que ese episodio evidenció el nivel de violencia política existente en el país.
La estrategia ante la ONU y la denuncia de “proscripción”
Uno de los principales anuncios del texto fue la decisión de acudir al sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Cristina Kirchner explicó que presentará una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de que ese organismo analice si durante el proceso judicial fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que la Argentina ratificó.
“Decidí presentar una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, confirmó.
La exvicepresidenta aclaró que no busca una revisión internacional por mera disconformidad con el fallo judicial, sino que pretende que se evalúe si existieron violaciones a sus derechos durante el juzgamiento.
Para llevar adelante esa estrategia convocó al jurista brasileño Rafael Valim, especialista en derecho público y con experiencia ante tribunales internacionales, y al español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En otro de los pasajes centrales del artículo, Cristina Kirchner sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye una forma de exclusión política.
“La proscripción perpetua de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema de justicia constituye una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”, afirmó.
Finalmente, la expresidenta reiteró que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender su posición.
“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, concluyó.
