La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar, junto con los demás condenados en la causa Vialidad, el pago solidario de 684.990.350.139,86 pesos en concepto de decomiso, como pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La decisión fue adoptada de forma unánime por los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes validaron tanto el monto fijado como la metodología de actualización aplicada, dos aspectos cuestionados por la defensa de la exmandataria.
El decomiso había sido fijado originalmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en 84.835 millones de pesos al momento de la condena en diciembre de 2022, pero la cifra fue luego actualizada por los peritos oficiales de la Corte Suprema utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que elevó la suma a casi 685.000 millones.
La defensa objetó la cifra
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían objetado tanto el monto como la metodología aplicada, sosteniendo que se lesionó el derecho de defensa y que el cálculo era arbitrario. También citaron precedentes judiciales para pedir que se suspenda la ejecución del decomiso, argumentando que el valor real debía rondar los 42.494 millones, una cifra seis veces menor.
A ese planteo adhirieron las defensas de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda, aunque todos los reclamos fueron desestimados por el máximo tribunal penal.
Argumentos de la fiscalía
El fiscal general Mario Villar defendió la legalidad de la actualización y subrayó que “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas”. A su vez, recordó que el decomiso fue debatido en todas las instancias, incluso en la Corte Suprema, por lo que la cuestión ya estaba “firme y pasada en autoridad de cosa juzgada”.
Los camaristas coincidieron en que el decomiso es una “consecuencia legal e imperativa” prevista en el Código Penal y señalaron que la sentencia ya obtuvo firmeza en junio pasado, por lo que corresponde avanzar en su ejecución.
Qué viene ahora
Con esta resolución, queda allanado el camino para que el juez del TOF 2, Jorge Gorini, avance en la ejecución patrimonial de los condenados. La fiscalía ya presentó un listado de 20 inmuebles de Cristina Kirchner y 89 propiedades de Lázaro Báez sobre los que solicitó trabar medidas inmediatas.
De este modo, el fallo de Casación no sólo confirma la condena por corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, sino que también marca el inicio de un proceso de ejecución económica que podría impactar directamente en el patrimonio de los principales implicados.
