La Libertad Avanza bonaerense anunció que impulsará el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, luego de que la magistrada suspendiera por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. La decisión judicial, adoptada a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, generó una fuerte reacción del oficialismo, que cuestionó los fundamentos del fallo y vinculó a la jueza con el poder político bonaerense.
El anuncio fue realizado por Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia y diputado nacional, quien adelantó que trabajará junto a sus equipos técnicos y políticos para definir la presentación contra Pascual.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, lanzó Pareja.
El dirigente libertario sostuvo además que la magistrada intentó frenar una norma aprobada por el Congreso y afirmó que la decisión judicial desconoce una demanda de la sociedad vinculada con la seguridad.
“Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes”, cuestionó, en referencia al peronismo y al kirchnerismo.
El fuerte cuestionamiento de los libertarios
Pareja también apuntó directamente contra el vínculo entre la jueza y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sostuvo que su actuación no reúne los requisitos que debería tener un magistrado.
“Una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez”, afirmó.
Y agregó: “No puede anteponer una mirada política a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso de la Nación”.
La reacción se sumó a la de otros referentes bonaerenses de La Libertad Avanza. El presidente del bloque de senadores provinciales, Carlos Curestis, sostuvo que el fallo demuestra de qué lado se ubica la Justicia bonaerense.
“La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”, afirmó.
Curestis agregó que los vecinos de la provincia no pueden quedar “rehenes de un gobernador y una Justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”.
Por su parte, Juan Osaba, titular del bloque de Diputados provinciales de LLA, calificó la resolución como “inadmisible” y cuestionó que la decisión deje en segundo plano a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.
Qué dijo la jueza al suspender la ley
La jueza Pascual dispuso la suspensión preventiva de la Ley 27.801 durante 60 días, pocas horas después de su entrada en vigencia. La magistrada no declaró la inconstitucionalidad de la norma, sino que puso el foco en la capacidad de la provincia para aplicar el nuevo régimen sin afectar derechos fundamentales.
El fallo advierte sobre la falta de infraestructura, recursos y personal especializado frente al incremento del universo de adolescentes que podrían quedar sometidos al sistema penal.
“Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables”, sostuvo Pascual.
La magistrada también argumentó que el Poder Judicial no debe esperar a que se produzca una vulneración concreta para intervenir cuando existan elementos que permitan anticiparla.
“El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”, señaló.
Su resolución tomó como referencia, entre otros elementos, las condiciones de alojamiento verificadas en dispositivos bonaerenses y recordó que en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora se había fijado previamente un límite de 60 adolescentes por las deficiencias detectadas.
La decisión judicial también estableció una audiencia para el 16 de septiembre, en la que funcionarios bonaerenses deberán informar qué medidas adoptaron o prevén implementar para garantizar el funcionamiento del nuevo régimen.
