Un veto, una insistencia del Congreso y varias sentencias judiciales a lo largo de más de un año fue el tiempo que se tomó el Gobierno de Javier Milei para entender que en discapacidad había que negociar. Recién esta semana se sentó a hacerlo en Diputados, donde con 237 votos aprobó una ley permanente que todavía debe pasar por el Senado, a poco más de dos meses de que venza la emergencia que pretende reemplazar. El oficialismo cedió con cambios de último momento para evitar un veto y la oposición resignó la prórroga. Lo que se perdió en el camino fueron meses de pensiones suspendidas y trámites sin resolver.
En agosto de 2025 Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad en nombre del equilibrio fiscal y es posible que entonces las partidas realmente no estuvieran. El Congreso insistió con la ley, el Gobierno la promulgó mediante un decreto publicado el 22 de septiembre que suspendía su ejecución por falta de financiamiento, y fue la Justicia la que terminó empujando su aplicación, con un juez federal de Campana que señaló al menos 19 cambios en el destino de fondos desde 2023 y una orden de diciembre que el Gobierno apeló. Lo que queda por explicar es por qué le llevó tanto decidir buscar esos recursos.
Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, presentaba la auditoría de pensiones como un hecho histórico. Según respondió la propia agencia a un pedido de información de ACIJ, hasta el 4 de junio de 2025 había enviado 834.167 cartas documento y 385.993 nunca llegaron a destino, el 46%. Cuando Guillermo Francos presentó su informe en Diputados el 27 de agosto, ya eran casi un millón de cartas y más de la mitad no había llegado. Hubo personas dadas de baja por no presentarse a una citación que jamás recibieron. El sistema siguió funcionando hasta octubre de 2025, cuando un juzgado federal de Catamarca ordenó devolver las pensiones suspendidas en todo el país, y el 2 de enero de 2026 el Gobierno disolvió la agencia por decreto.
Las familias con las que hablé cuentan lo que esa demora significó puertas adentro. Una madre no pudo sostener el centro de día de su hija, que además tiene epilepsia, cuando dejó de cobrar la pensión, y la hija terminó con un cuadro de depresión. Otra lleva años en conflicto con su obra social, que se niega a cubrir el transporte y el acompañamiento terapéutico de su hijo, y paga de su bolsillo tratamientos caros. Entre todas repiten lo mismo: medicamentos rechazados por no figurar en el vademécum institucional, terapias interrumpidas por falta de pago a los prestadores y la obligación de recurrir a abogados y amparos para obtener lo que la ley ya les reconoce.
Auditar las pensiones era necesario, y un Estado que administra recursos públicos debe detectar beneficios mal otorgados y maniobras fraudulentas. También corresponde reconocer los avances administrativos y las recomposiciones arancelarias que hubo. Ese mismo Estado le exigió a una persona con discapacidad documentación y plazos con puntillosidad de escribano, y sobre sus propias decisiones todavía no informa quién diseñó el esquema de notificaciones ni quién recibió las advertencias.
Los votos llegaron cuando la emergencia ya casi no tenía plazo, y el Gobierno todavía no explicó por qué no pudo hacer hace un año lo que esta semana resolvió en una sola sesión, ni quién decidió que las familias esperaran todo ese tiempo.
