La Ciudad de Buenos Aires clausuró este lunes nuevas construcciones clandestinas en la Villa 31, en el barrio de Retiro, como parte del Plan Integral de Ordenamiento Urbano impulsado por el Gobierno porteño. Los operativos fueron realizados por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) junto a otras áreas del Ejecutivo y la Policía de la Ciudad, con el objetivo de frenar el crecimiento irregular del asentamiento, recuperar el espacio público y reforzar los controles sobre las edificaciones ilegales en un barrio donde viven alrededor de 45.000 personas.
Las inspecciones alcanzaron inmuebles ubicados en distintos sectores del barrio, especialmente en zonas cercanas a la Autopista Illia, el Paseo del Bajo y la parroquia Cristo Obrero. En cada una de las obras se colocaron las correspondientes actas de clausura y se inició el procedimiento administrativo previsto por la normativa vigente.
El operativo se desarrolló de manera conjunta entre personal de la Agencia Gubernamental de Control, la Dirección General de Fiscalización, la Subsecretaría de Abordaje Territorial y Obras y efectivos de la Policía de la Ciudad.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó la decisión de profundizar los controles y sostuvo que el objetivo es garantizar que las normas urbanísticas se cumplan en todo el territorio de la Capital Federal.
“Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”, afirmó.
Un plan para recuperar el espacio público y controlar las construcciones
El Gobierno porteño sostiene que la urbanización desarrollada en la Villa 31 durante los últimos años no logró contener el crecimiento desordenado del barrio ni alcanzar plenamente los objetivos previstos por la Ley 6.129, que impulsó el proceso de integración urbana.
Frente a ese escenario, la actual administración puso en marcha un plan orientado a fortalecer la presencia del Estado, fiscalizar nuevas construcciones y combatir distintas actividades consideradas irregulares dentro del asentamiento.
Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión de Jorge Macri ya fueron demolidas diez edificaciones clandestinas, intervenidas otras diez construcciones ilegales y clausurados cinco corralones que operaban sin autorización.
A esas acciones se suman diversos operativos de control que derivaron en el cierre de cinco locales de venta de celulares de procedencia ilegal, tres depósitos de chatarra, tres depósitos de garrafas y el retiro de vehículos abandonados, estructuras precarias y residuos acumulados en distintos sectores del barrio.
El foco también está puesto en el mercado inmobiliario informal
Además de las construcciones irregulares, el Gobierno porteño sostiene que en la Villa 31 se consolidó durante los últimos años un circuito paralelo de comercialización de inmuebles y espacios construidos al margen de toda regulación.
Entre las situaciones detectadas figuran la venta informal de viviendas, alquileres no registrados, comercialización de espacios aéreos para nuevas edificaciones y ocupaciones ilegales de terrenos.
Desde la administración porteña consideran que ese fenómeno favoreció el crecimiento desordenado del barrio y generó nuevas dificultades para la planificación urbana y la prestación de servicios públicos.
En ese contexto, el Plan Integral de Ordenamiento contempla también acciones para recuperar terrenos ocupados ilegalmente, reforzar la seguridad, fiscalizar nuevas obras y preservar el espacio público.
Al referirse a la política que impulsa la Ciudad en la Villa 31, Jorge Macri fue categórico:
“Está prohibido construir en la Villa 31. No vamos a permitir que esto siga creciendo. Ley y orden”, expresó.
