La Conferencia Episcopal Argentina cuestionó este martes el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el gobierno de Javier Milei y pidió a los legisladores que analicen la iniciativa priorizando el bien común. La advertencia fue realizada a través de una carta abierta dirigida al Congreso, en la que los obispos expresaron su preocupación por la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, la utilización de terrenos afectados por incendios y la posible pérdida de herramientas estatales para la administración del territorio nacional.
Bajo el título “La tierra: madre, hermana y bien común”, el documento fue elaborado por Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen. Allí sostienen que el proyecto “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.
La publicación se conoció mientras el Congreso comienza a analizar el paquete de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo y suma un nuevo capítulo en la relación entre la Iglesia Católica y la administración libertaria.
La preocupación por las tierras, el agua y los recursos naturales
En el documento, la Iglesia señala que uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es la eliminación de las limitaciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Los obispos remarcaron que el proyecto permitiría el acceso irrestricto a zonas estratégicas vinculadas con reservas de agua y otros recursos naturales.
“Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas— y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”, señalaron.
Además, calificaron como “alarmantes” los artículos que habilitan la utilización inmediata de terrenos afectados por incendios forestales, una práctica que hasta ahora contaba con restricciones legales para evitar maniobras especulativas.
La Conferencia Episcopal también alertó que la iniciativa “debilita la potestad del Estado” para gestionar el territorio, planificar obras públicas y proteger los intereses colectivos frente a intereses privados, tanto nacionales como extranjeros.
“La tierra no es una mercancía”
La carta recupera conceptos de la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco y de la reciente encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV para fundamentar su posición.
“La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico”, afirmaron los obispos, quienes recordaron que “la tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija”.
El texto destaca que del suelo provienen los alimentos, el agua, las semillas y los ecosistemas que permiten la vida, por lo que consideran indispensable preservar esos recursos para las generaciones futuras.
También remarcaron la importancia de la tierra para comunidades rurales, campesinas e indígenas, al considerar que representa identidad, cultura, memoria y formas de vida construidas durante generaciones.
La Iglesia citó además al papa León XIV para advertir sobre los riesgos de un modelo de desarrollo centrado únicamente en la acumulación económica.
“El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes”, recordaron, al tiempo que señalaron que la justicia social debe contemplar los derechos de los pueblos y la responsabilidad hacia quienes vivirán en el futuro.
El documento incorpora además una referencia al acceso a la vivienda, otro de los temas que consideran vinculados al debate sobre la propiedad. En ese sentido, sostuvieron que es necesario promover marcos legales que permitan un equilibrio entre propietarios e inquilinos y faciliten el acceso a una vivienda digna para miles de familias argentinas.
Finalmente, la Iglesia hizo un llamado directo a diputados y senadores para que el tratamiento parlamentario de la iniciativa esté guiado por el interés colectivo.
“Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto que guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”, concluye la carta, en una definición que marca una fuerte toma de posición frente a una de las reformas impulsadas por la Casa Rosada.
