El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le exigió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pago de una deuda superior a $27 mil millones por la atención de personas en situación de calle con domicilio en la Provincia que actualmente son asistidas en la Ciudad de Buenos Aires, en un conflicto que se apoya en la normativa vigente que establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo dentro de su territorio.
El reclamo se basa en el Decreto 373/2025, que fija responsabilidades claras para la asistencia social, y que, según el Gobierno porteño, no está siendo cumplido por la Provincia.
Reclamo millonario y cruce político
Desde la administración porteña aseguran que actualmente se atiende a al menos 2.327 personas con domicilio en la Provincia dentro de los Centros de Inclusión Social.
En ese contexto, Macri apuntó directamente contra la gestión bonaerense:
“Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley”, sostuvo.
El costo de esta asistencia asciende a $1.163.135 por persona, lo que eleva el monto total reclamado a $27.066 millones desde la entrada en vigencia de la normativa.
El pedido formal fue elevado por los ministros porteños Gabriel Mraida y Gustavo Arengo al ministro de Economía bonaerense Pablo López, solicitando la transferencia inmediata de fondos.
“La erogación se solventa con recursos de la Ciudad y genera un ahorro para la Provincia”, remarcaron en la carta.
El sistema de asistencia en la Ciudad
La Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social, donde actualmente se brinda asistencia integral a 4.626 personas durante las 24 horas.
Estos espacios ofrecen:
- Alojamiento y alimentación
- Atención psicológica
- Capacitación educativa y laboral
- Programas de inserción laboral
Además, existen dispositivos específicos para familias, mujeres víctimas de violencia, personas con adicciones o problemas de salud mental, y hombres con mascotas.
El sistema se complementa con una Red de Atención activa las 24 horas, que opera con más de 70 móviles y responde a pedidos a través de la línea 108 y canales digitales.
Un conflicto por responsabilidades
El Gobierno porteño sostiene que la situación genera un perjuicio económico para los contribuyentes de la Ciudad, ya que recursos locales se destinan a cubrir obligaciones que corresponden a la Provincia.
Desde la Ciudad insisten en que el cumplimiento de la ley y la correcta distribución de responsabilidades entre jurisdicciones es clave para abordar de manera eficiente la problemática de las personas en situación de calle.
El reclamo abre un nuevo frente de tensión política entre ambas administraciones, en un contexto social complejo y con creciente demanda de asistencia.
