La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por Rodolfo Aguiar, denunció que el Gobierno nacional tomó un préstamo de US$300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que contempla fondos para programas de retiros voluntarios en organismos de la Administración Pública Nacional. El gremio cuestionó la decisión, calificó la operación como ilegal y anunció una movilización para este miércoles a las 17 frente a la Quinta de Olivos.
El documento del contrato exhibido por ATE establece un financiamiento total de US$300 millones. De ese monto, US$220 millones —el 73,3%— corresponden al componente de “Modernización de la Gestión del Empleo Público”, que incluye expresamente programas de retiros voluntarios aplicables a organismos de la Administración Pública Nacional.
Otros US$77 millones están destinados al fortalecimiento de la capacidad tecnológica para la gestión de la Administración Pública Nacional, mientras que US$3 millones corresponden a administración y auditoría.
La fuerte crítica de Rodolfo Aguiar
A partir de esos datos, el secretario general de ATE cuestionó duramente el destino del endeudamiento y sostuvo que el Estado está utilizando financiamiento externo para avanzar con el achicamiento de la administración pública.
“Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal”, afirmó Aguiar.
El dirigente sindical sostuvo además que “ningún país del mundo se endeuda para achicarse” y contrapuso ese destino con obras de infraestructura y generación de empleo. Según su interpretación, el Gobierno debería utilizar el endeudamiento para “construir rutas, escuelas, hospitales o para abrir fábricas y tener un mejor futuro”.
ATE también cuestionó la utilización de los fondos para los retiros voluntarios y pidió a los trabajadores estatales que no adhieran al programa.
“Desde ATE desalentamos cualquier adhesión a este régimen extorsivo. Estos retiros son una estafa”, sostuvo el dirigente.
Movilización a Olivos
El gremio anunció que llevará su reclamo a la residencia presidencial de Olivos este miércoles a las 17. Aguiar también puso en duda la legalidad del endeudamiento y afirmó que, a su entender, “está prohibido tomar deuda en dólares para gasto corriente”.
Además, cuestionó que la operación no haya contado, según su denuncia, con una autorización específica del Congreso y sostuvo que también vulneraría las disposiciones presupuestarias.
