Denunciar tasas municipales no cuesta nada. El problema es cuando la bronca reemplaza el análisis: se mezcla todo, no se entiende nada y el desorden sigue intacto.
Que existan tasas abusivas no está en discusión. Lo que sí debería discutirse es algo bastante menos cómodo: si quienes opinan sobre ellas entienden realmente cómo funcionan.
Partamos de una definición. No de una consigna, no del enojo (legítimo) del contribuyente. Partamos de la ley.
La Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires es clara: una tasa es un tributo vinculado a un servicio concreto, divisible y efectivamente prestado —o al menos puesto a disposición— del contribuyente. No es un impuesto. No grava la riqueza en abstracto. Remunera una prestación.
Es decir, en términos simples: usted paga, el municipio responde. Hasta ahí, todo ordenado.
Después aparece la realidad. Y, más recientemente, la indignación organizada.
El gobierno de Javier Milei habilitó canales para denunciar tasas sin contraprestación. La medida tiene lógica política y conecta con algo evidente: el hartazgo fiscal. Es difícil no empatizar con esa reacción.
El problema es otro: creer que con denunciar alcanza.
Porque entre la bronca y el diagnóstico hay un paso que el debate público —y buena parte de los opinólogos de turno— suele saltear: entender.
En la provincia de Buenos Aires conviven realidades muy distintas. En San Isidro, en Vicente López o en Bahía Blanca, el contribuyente puede discutir cuánto paga, pero no lo hace en el vacío. Hay servicios visibles, mantenimiento, cierta previsibilidad. La tasa incomoda, pero se entiende.
Ahí funciona —con matices— el contrato fiscal.
El problema no está en la existencia de tasas. Está en su degradación.
En distritos como La Matanza, bajo la conducción de Fernando Espinoza, o José C. Paz, gobernado por Mario Ishii, la discusión cambia de eje.
Aparecen tasas de “servicios generales” sin métricas claras. Esquemas de Seguridad e Higiene que se calculan sobre ingresos —más cerca de un impuesto que de una tasa—. Derechos que se sostienen en el tiempo aun cuando el control es difícil de verificar. En Quilmes, bajo la gestión de Mayra Mendoza, la extensión de derechos de publicidad a actividades de menor escala completa una lógica conocida: ampliar la base antes que transparentar el sistema.
No necesariamente hay ilegalidad. Hay algo más estructural: una desconexión creciente entre lo que se cobra y lo que se presta.
Cuando esa relación se rompe, la tasa deja de ser tasa. Y el contribuyente deja de confiar.
En ese contexto, la denuncia aparece como una herramienta razonable. El problema es cuando se transforma en reflejo automático.
Porque denunciar todo es, en el fondo, no distinguir nada.
El vecino de un municipio que funciona termina utilizando la misma herramienta que el de uno donde la tasa es opaca. El sistema no discrimina. La bronca tampoco. Y en ese empate, lo que se pierde no es el abuso: es la diferencia.
La paradoja es evidente. En nombre de señalar distorsiones reales, se puede terminar debilitando la legitimidad de cualquier esquema de financiamiento local. Incluso de aquellos que, con limitaciones, cumplen su función.
Y ahí aparece una discusión más incómoda todavía.
La Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires no solo regula las tasas. También condiciona la autonomía municipal. Define qué pueden hacer los municipios, cómo pueden recaudar y bajo qué lógica deben estructurar sus recursos.
En los hechos, muchos municipios han desbordado ese marco: crean mecanismos, amplían bases, ensayan formas de financiamiento que la norma no termina de ordenar ni de transparentar.
El resultado es previsible: discrecionalidad.
Y la discrecionalidad es el terreno ideal para la opacidad.
Por eso, mientras el debate público se concentra en la denuncia —rápida, catártica, casi automática—, se posterga lo verdaderamente importante: la necesidad de una reforma profunda del régimen municipal bonaerense.
Una reforma que ordene, que dé claridad, que obligue a explicar. Y, sobre todo, que asuma un dato incómodo para la política provincial: los municipios necesitan reglas más transparentes, no más ambigüedad para administrar.
Esa discusión es menos atractiva. No tiene épica ni botón para apretar.
Pero es la única que puede cambiar algo.
Lo demás —opinar sin entender, denunciar sin discriminar— tiene una ventaja evidente: hace ruido.
El problema es que, en la provincia de Buenos Aires, hace tiempo que el ruido no alcanza.
