Mientras el presidente Javier Milei sostiene una confrontación permanente con el kirchnerismo, la provincia de Buenos Aires atraviesa una discusión mucho menos ideológica y mucho más concreta: la de su propia gestión. Porque más allá de la disputa nacional, el distrito que concentra cerca del 38 % de la población del país necesita algo más que posicionamientos políticos. Necesita resultados.
El gobernador Axel Kicillof administra la jurisdicción más grande y socialmente compleja de la Argentina. Con más de 17 millones de habitantes, el desafío bonaerense no admite improvisaciones ni excusas. Sin embargo, en los últimos años la provincia parece haber quedado atrapada en una lógica donde la confrontación hacia arriba reemplaza a la rendición de cuentas hacia abajo.
Los datos sociales no permiten margen para el autoelogio. La pobreza en el Gran Buenos Aires se mantiene en niveles superiores al 35 %, en línea con un índice nacional que en el segundo semestre de 2024 rondó el 38 %. Detrás de esos números hay hogares con ingresos insuficientes, jóvenes sin inserción formal y municipios que enfrentan demandas crecientes en salud, educación y asistencia social. A eso se suma una informalidad laboral estructural que supera ampliamente el tercio de la fuerza de trabajo en varios cordones urbanos, consolidando un escenario de fragilidad persistente.
Y cuando se habla de recursos, el debate deja de ser abstracto y se vuelve técnico. La Ley 10.559 establece que los municipios bonaerenses deben recibir el 16,14 % de los ingresos provinciales en concepto de coparticipación, distribuidos según parámetros objetivos como población y capacidad tributaria. Pero una parte sustancial de los fondos que llegan a los 135 distritos no proviene de ese mecanismo automático sino de transferencias discrecionales: Aportes del Tesoro Provincial, Fondo de Infraestructura Municipal y convenios específicos que dependen directamente de decisiones del Poder Ejecutivo. En 2024, por ejemplo, la Provincia transfirió más de $125.000 millones a través del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, una herramienta clave pero cuya asignación final queda sujeta a criterios políticos y administrativos poco transparentes.
Ese esquema abre una discusión inevitable. Porque cuando la mayor parte de la asistencia extraordinaria no responde a fórmulas automáticas sino a decisiones centralizadas, la sospecha de discrecionalidad se vuelve estructural. Intendentes de la oposición han denunciado públicamente demoras y diferencias en el trato presupuestario. Incluso dentro del propio peronismo se escuchan reclamos por falta de previsibilidad financiera. El mensaje que baja a los territorios es claro: el acceso ágil a recursos no siempre depende exclusivamente de indicadores técnicos.
La provincia no puede exigir federalismo frente a la Nación y, al mismo tiempo, ejercer un centralismo selectivo con sus propios municipios.
A esa tensión institucional se suma el frente fiscal. La prórroga presupuestaria y los ajustes en partidas reales durante el último ejercicio impactaron en salarios públicos y en el funcionamiento de áreas sensibles. Resulta difícil sostener el discurso de “escudo social” cuando el gasto pierde capacidad real frente a la inflación y cuando la inversión no logra traducirse en mejoras visibles en seguridad, infraestructura o servicios esenciales.
Porque la discusión de fondo no es ideológica: es administrativa. Los bonaerenses no miden la gestión por la intensidad del discurso contra la Casa Rosada. La miden por la iluminación en sus barrios, por la presencia policial en las calles, por la calidad de las escuelas a las que envían a sus hijos y por la atención que reciben en hospitales públicos.
La confrontación nacional puede ordenar una coalición política. Pero no resuelve la inseguridad en el conurbano, no genera empleo formal en el interior productivo ni garantiza equidad en la distribución de recursos municipales.
Gobernar no es resistir. Gobernar es administrar con transparencia, distribuir con criterios objetivos y demostrar que cada peso del presupuesto tiene un impacto verificable en la vida cotidiana. Y hoy, en la provincia de Buenos Aires, esa demostración sigue siendo insuficiente.
La épica puede movilizar militancia. Pero la ciudadanía espera algo más simple y más exigente: eficacia, previsibilidad y resultados. Y esa es una responsabilidad que no admite excusas ni distracciones retóricas
