Hay una forma de silencio que es más ensordecedora que el grito de una manifestación: es el silencio de los pasillos de las escuelas bonaerenses cuando, aun con las puertas abiertas, el aprendizaje se ha detenido. Durante décadas, el debate público se agotó en la coreografía previsible de la paritaria y el calendario de paros, como si el éxito educativo se midiera exclusivamente por el sonido del timbre a las ocho de la mañana. Pero hoy asistimos a una crisis de naturaleza distinta, una mucho más cínica y definitiva. Es la crisis de la asistencia vacía, un sistema que ha decidido que es preferible un chico ignorante dentro de un aula que un adolescente desafiante fuera de ella.
La escuela bonaerense funciona hoy como una monumental guardería de adolescentes, un depósito de contención social donde el conocimiento ha pasado a ser un accesorio prescindible. Los datos de las últimas pruebas de alfabetización son la autopsia de este fenómeno: mientras la retórica oficial celebra la “inclusión”, la realidad muestra que en los cordones más postergados de nuestra provincia la incapacidad de comprender un texto básico se ha duplicado bajo el disfraz de la promoción acompañada.
El contraste con otras gestiones es humillante. Provincias con presupuestos infinitamente menores, como Mendoza o incluso Formosa, han logrado mejores resultados en alfabetización temprana simplemente aplicando planes de seguimiento que en La Plata se desprecian por “meritocráticos”. Aquí, la política decidió que es más barato regalar el título que enseñar a leer.
Esta pérdida de calidad se alimenta de un ausentismo que no figura en las planillas oficiales porque no conviene medirlo. Es el “ausentismo hormiga”: el profesor que falta sistemáticamente bajo el amparo de un estatuto anacrónico, la hora libre que se vuelve paisaje, o el día que se pierde porque la desidia estatal no pudo garantizar un estufa o un baño en condiciones.
Si un chico del conurbano suma todas esas horas muertas, al final del ciclo lectivo ha perdido meses enteros de formación real respecto a un alumno de una escuela privada o de una provincia con orden administrativo. El sistema bonaerense hoy es una máquina de emitir cheques sin fondos: entrega diplomas que el mercado laboral y la universidad rebotan al primer contacto con la realidad.
Para las familias, esto no es una discusión de expertos ni una bandera ideológica; es la comprobación diaria de una traición. El padre que hace el esfuerzo de enviar a su hijo a la escuela pública hoy sospecha, con una certeza dolorosa, que el tiempo de su hijo no vale nada para el Estado. Se ha roto el contrato más básico de la movilidad social: la idea de que la escuela era el lugar donde uno iba a buscar las herramientas para ser libre. Hoy, la desmotivación es sistémica; el docente que intenta mantener el rigor es señalado como un enemigo de la “estadística de egreso”, y el alumno que quiere aprender termina nivelado por el fondo de un pozo donde lo único que importa es que el número de la planilla cierre.
La escuela está abierta, es cierto, pero lo que hay adentro es un vacío pedagógico financiado con los impuestos de una sociedad que todavía cree que está educando a sus hijos. Mientras sigamos confundiendo presencialidad con enseñanza, seguiremos gestionando una estafa. La verdadera tragedia bonaerense no es que las clases se interrumpan por un conflicto gremial, sino que continúen como si nada pasara mientras el conocimiento se retira de las aulas, dejando a toda una generación varada en una ignorancia certificada y aplaudida por el Estado.
