Cada 8 de marzo conviene hacer una pausa y recordar a las mujeres que, mucho antes de que el feminismo se convirtiera en consigna partidaria, dieron batallas concretas por derechos individuales básicos: votar, estudiar, trabajar, administrar bienes, decidir sobre su propia vida. En la Argentina, el punto de inflexión institucional fue la ley de sufragio femenino impulsada por Eva Perón durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1947. Ese fue un hito jurídico: igualdad ante la ley.
Pero la raíz intelectual del reclamo es anterior y más profunda. El feminismo nace al calor de los movimientos liberales que consagraron la igualdad en dignidad y derechos entre todas las personas. Desde Mary Wollstonecraft hasta John Stuart Mill, la defensa fue clara: no hay democracia sólida si la mitad de la población está jurídicamente subordinada.
Por eso me reivindico feminista liberal. No porque crea que todo está resuelto —sería necio afirmarlo— sino porque entiendo que la lucha por la igualdad debe sostenerse en el principio republicano de igualdad ante la ley y no en la lógica de la confrontación permanente o la victimización estructural.
Qué hemos conseguido —y qué falta
En las últimas décadas, la participación femenina en el mercado laboral, en la política y en ámbitos profesionales históricamente vedados creció de manera sostenida. Hoy vemos mujeres liderando empresas, universidades, redacciones y bloques parlamentarios. Ese avance es innegable.
Sin embargo, persisten brechas vinculadas a la informalidad laboral, a la maternidad sin red de contención, a la violencia doméstica y a la pobreza estructural que golpea con más fuerza a mujeres con menor nivel educativo. Negar esas dificultades sería tan ideológico como exagerarlas para construir poder político.
La pregunta central es cómo abordarlas.
La diferencia conceptual
El feminismo liberal entiende que el objetivo es remover obstáculos institucionales para que cada mujer pueda desplegar su proyecto de vida. No busca privilegios ni superioridades morales. Defiende reglas generales, previsibles e iguales para todos.
En cambio, ciertas vertientes del feminismo radical contemporáneo —fuertemente asociadas a la lógica partidaria de la izquierda latinoamericana— han desplazado el eje desde la igualdad hacia la identidad. La política deja de ser el terreno de ciudadanos libres e iguales y pasa a ser el de colectivos enfrentados. La categoría “mujer” se transforma en un sujeto político homogéneo, con vocerías que pretenden hablar en nombre de todas.
Ahí surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién representa a quién? ¿Quién puede arrogarse la voz de todas las mujeres, de todos los hombres, de los niños, de los pobres? La experiencia argentina reciente, bajo los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, mostró cómo la agenda de género fue absorbida por la lógica estatal y partidaria. Se crearon estructuras, ministerios y programas que muchas veces terminaron burocratizando el problema sin resolver el núcleo: autonomía económica y educación de calidad.
Despolitizar el dolor no implica ignorarlo; implica evitar que se lo use como herramienta de construcción de poder.
Educación y autonomía
Si algo demuestra la evidencia comparada es que la educación es el gran igualador social. Es el factor que rompe el ciclo de la pobreza, que eleva la productividad y que fortalece la autoestima. Para mujeres y para hombres. Sin distinción.
La verdadera emancipación no surge de la dependencia de un subsidio ni de un decreto que consagre una consigna. Surge de la capacidad de generar ingresos propios, de tomar decisiones informadas, de confiar en las propias habilidades. Esa confianza se construye en la escuela, en la formación técnica, en la universidad, en el acceso al conocimiento.
Cuando enseñamos a nuestros hijos —varones y mujeres— que deben vivir del esfuerzo, del mérito y del respeto a la ley, estamos sembrando igualdad real. Cuando naturalizamos la idea de que el Estado debe “empoderar”, corremos el riesgo de instalar el supuesto previo de que la mujer es, por definición, una víctima permanente.
Y no lo es.
Igualdad sin supremacismos
El feminismo liberal no niega el dolor ni las injusticias. Las reconoce, las documenta y exige que el Estado garantice seguridad, justicia y reglas claras. Pero rechaza la idea de una guerra entre sexos o de un nuevo supremacismo invertido.
La igualdad no consiste en invertir la jerarquía, sino en abolirla.
En este momento de cambio político, social y económico en la Argentina, vale la pena recuperar esa tradición liberal que entiende la libertad como responsabilidad. La igualdad ante la ley no es una consigna vacía: es el piso sobre el cual se construye todo lo demás.
Si el 8 de marzo va a ser una bandera, que sea la de la libertad sin tutelas, la del mérito sin privilegios y la de la educación como motor de autonomía. Porque la verdadera revolución —la que perdura— no se decreta: se aprende, se trabaja y se ejerce todos los días.
