En una jornada de máxima tensión política, José Enrique Jerí Oré asumió este viernes la presidencia del Perú, luego de que el Congreso aprobara con amplia mayoría la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. La medida, que se produjo tras semanas de crecientes cuestionamientos al gobierno, marca un nuevo capítulo en la inestabilidad política que sacude al país andino desde hace más de una década.
Destitución exprés y sucesión constitucional
La sesión extraordinaria del Congreso terminó con 122 votos a favor de la destitución de Boluarte sobre un total de 130 legisladores. La presidenta no se presentó para ejercer su defensa, y su abogado denunció la falta de garantías y tiempo para preparar una respuesta adecuada.
Sin vicepresidentes en funciones —tras la renuncia de los sucesores naturales—, la Constitución peruana establece que el presidente del Congreso debe asumir el poder de forma interina. Así, José Jerí, hasta ahora titular del Parlamento, juró como nuevo jefe de Estado en una ceremonia realizada pasada la medianoche, comprometiéndose a “restaurar la estabilidad y garantizar un proceso electoral transparente”.
El nuevo mandatario ejercerá el cargo de manera provisional hasta el 28 de julio de 2026, fecha prevista para la entrega del mando al próximo gobierno electo.
Primer discurso: seguridad y transición democrática
En su primer mensaje a la Nación, Jerí prometió encabezar un gobierno de “reconciliación nacional”, y declaró que su principal prioridad será la lucha contra la inseguridad ciudadana, a la que calificó como “el mayor enemigo del Perú”.
“Declaro la guerra a la delincuencia, al crimen organizado y a la corrupción”, afirmó el flamante mandatario, en un tono firme que buscó transmitir autoridad. También aseguró que su administración garantizará “neutralidad absoluta” en la organización de las próximas elecciones y llamó a las fuerzas políticas a “dar una tregua al enfrentamiento constante”.
Un presidente con pasado controvertido
José Jerí, limeño de 38 años y abogado de profesión, llegó al Congreso en representación de Somos Perú y se convirtió en una figura clave en las negociaciones parlamentarias que derivaron en su elección como presidente del Legislativo a mediados de 2025.
Sin embargo, su ascenso no está exento de polémica. Jerí ha sido objeto de investigaciones periodísticas por presunto enriquecimiento ilícito y por su participación en un caso de favores políticos a cambio de recursos presupuestarios. Además, en 2024 fue denunciado por presunta violación sexual, causa que finalmente fue archivada por falta de pruebas.
Estas acusaciones, aunque cerradas judicialmente, han vuelto a cobrar relevancia tras su llegada al poder y alimentan el escepticismo de una ciudadanía cansada de la corrupción y los escándalos políticos.
Un país en crisis permanente
La asunción de Jerí ocurre en un contexto de descontento social generalizado, con protestas en Lima y otras regiones contra la clase política. Desde 2016, el Perú ha tenido seis presidentes, todos forzados a dejar el cargo por destituciones, renuncias o denuncias judiciales.
El nuevo jefe de Estado enfrenta el reto inmediato de reconstruir la confianza en las instituciones, mantener la calma en las calles y garantizar que la transición hacia las elecciones de 2026 no se vea empañada por intereses partidarios o judiciales.
“Solo el cumplimiento estricto de la ley y la transparencia absoluta podrán devolver la fe del pueblo en la democracia”, advirtió Jerí en su discurso ante el Congreso.
