El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó de “éxito” la megaoperación policial realizada el martes 28, considerada la más letal en la historia del estado, pese a que la Defensoría Pública de Río contabiliza 132 muertes como consecuencia del operativo.
Durante una conferencia de prensa brindada este miércoles 29, Castro sostuvo que la única salvedad de la acción fue la muerte de cuatro agentes de policía. “Las únicas víctimas que registramos ayer fueron los policías. A pesar de las pérdidas, la operación fue un éxito”, declaró.
El gobernador justificó la ofensiva y pidió apoyo federal
Castro defendió el accionar policial y afirmó que la operación se planificó “para garantizar que la población no se viera perjudicada”. Según su relato, la intervención respondió al cumplimiento de una orden judicial y formó parte de una estrategia para enfrentar el crimen organizado que opera en varias favelas de la ciudad.
“El epicentro de la crisis de seguridad pública que aflige a Brasil está en Río de Janeiro. Quien no lo reconozca, tendrá que revisar sus declaraciones y pedir disculpas a la sociedad”, sostuvo. Además, aseguró que Río está solo en esta guerra y lamentó que su pedido de asistencia con vehículos blindados de la Marina y el Ejército fuera rechazado en tres oportunidades.
Críticas y advertencias desde el Gobierno federal
Las declaraciones de Castro generaron tensión con el Gobierno del presidente de Brasil, que interpreta su discurso como una maniobra política de cara a las elecciones del próximo año.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, respondió con dureza: “Si el gobernador siente que no tiene condiciones, tiene que tirar la toalla y pedir la activación de la Garantía de Ley y Orden (GLO) o una intervención federal. Si no logra enfrentar el delito, será tragado por el crimen organizado”, afirmó.
Una crisis de seguridad que divide a Brasil
La operación —que dejó decenas de muertos, numerosos detenidos y fuertes críticas de organismos de derechos humanos— volvió a poner en evidencia la grave crisis de seguridad pública en Río de Janeiro. Mientras el gobierno estatal defiende la ofensiva como un golpe necesario contra las facciones criminales, las autoridades federales piden prudencia y transparencia ante la magnitud de las víctimas.
