El Gobierno nacional enviará al Congreso en los primeros días de agosto el proyecto Inocencia Fiscal II, una reforma que busca ampliar el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y generar mayores incentivos para que los contribuyentes incorporen al sistema financiero los dólares que permanecen fuera del circuito formal. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, será una de las principales apuestas legislativas de La Libertad Avanza durante el segundo semestre y requerirá acuerdos con bloques dialoguistas para lograr su aprobación.
La propuesta llega luego de que el Ejecutivo admitiera que la ley vigente no alcanzó el nivel de adhesión esperado. Según estimaciones oficiales, todavía existen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero, motivo por el cual el Gobierno pretende introducir modificaciones que otorguen mayor seguridad jurídica y reduzcan los temores de los ahorristas.
Los cambios que propone el Gobierno
Durante la presentación del proyecto, el ministro de Economía explicó que el objetivo original de la norma se mantiene intacto.
“El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros pueda incorporarlos al sistema bancario sin ninguna penalidad”, afirmó Caputo.
El funcionario reconoció que aún existe una gran cantidad de divisas fuera del circuito formal y sostuvo que “es una mala decisión tener los dólares en el colchón”, ya que, según explicó, esos recursos no generan inversión ni crecimiento para la economía.
“Necesitamos que la economía crezca, que haya más inversión, más empleo y más crédito. Por eso es una ley importantísima”, remarcó.
La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, aclaró que “el espíritu original de la norma no cambia absolutamente en nada”, sino que las modificaciones responden a las observaciones realizadas por contadores y especialistas tributarios.
Entre los principales cambios del proyecto se destacan:
- Eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos, lo que permitirá que cualquier persona humana o sucesión indivisa pueda adherir al régimen simplificado.
- Incorporación de los grandes contribuyentes, quienes podrán utilizar la modalidad simplificada para la liquidación del impuesto, aunque sin acceder a todos los beneficios previstos para el resto de los contribuyentes.
- Mayor protección frente a fiscalizaciones de ARCA, ya que el organismo deberá respaldar con información objetiva cualquier diferencia detectada y no podrá basarse únicamente en presunciones.
- Posibilidad de presentar declaraciones juradas rectificativas, permitiendo regularizar diferencias detectadas sin perder automáticamente los beneficios del régimen.
- Reintegro acelerado de fondos, si posteriormente la Justicia o la propia administración tributaria determina que el contribuyente tenía razón.
Además, el proyecto redefine el concepto de “discrepancia significativa” y fija parámetros más precisos para que ARCA pueda excluir a un contribuyente del régimen.
El desafío político en Diputados y las objeciones de la oposición
La Libertad Avanza buscará convertir la iniciativa en ley durante agosto y para ello deberá reconstruir la mayoría que acompañó la primera versión de la reforma tributaria.
Con 95 diputados propios, el oficialismo necesita el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales para alcanzar el quórum de 129 legisladores y reunir los votos necesarios para su aprobación.
Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con los titulares de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, José Luis Espert y Laura Rodríguez Machado, quienes intentarán consolidar una mayoría antes del debate parlamentario.
Mientras tanto, Unión por la Patria anticipó que impulsará modificaciones vinculadas a los funcionarios públicos y otras personas políticamente expuestas. La principal propuesta busca impedir que quienes ocupen cargos en cualquiera de los poderes del Estado puedan acceder al régimen simplificado.
El planteo surgió luego de la polémica generada por la rectificación patrimonial realizada por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, episodio que reavivó el debate sobre los alcances de la normativa.
