La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó este martes al Gobierno de Javier Milei ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar la apelación del Poder Ejecutivo y confirmar la medida cautelar dictada en primera instancia, en una causa iniciada por universidades públicas en reclamo de presupuesto y recomposición salarial.
Fallo contundente y críticas al Gobierno
El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, ratificó la resolución que obliga al Estado a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen:
- La actualización de salarios docentes y no docentes
- La recomposición de becas estudiantiles
- La normalización del financiamiento universitario
En su fallo, la Cámara fue especialmente crítica con la postura oficial y calificó los argumentos del Ejecutivo como:
“poco serios”
Además, desestimó el planteo del Gobierno que sostenía que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva encubierta.
Los magistrados también remarcaron que el impacto fiscal de la medida es limitado:
“El impacto fiscal es bajo y no afecta sustancialmente el interés público”
Y destacaron que lo que está en juego es un derecho constitucional clave:
“Se encuentra comprometido el derecho a la educación superior pública”
El conflicto por el financiamiento universitario
La medida judicial se da en el marco de un conflicto que se intensificó entre 2024 y 2025, con masivas movilizaciones en todo el país.
La ley había sido aprobada por el Congreso con amplio respaldo, incluso con mayorías agravadas, pero el Ejecutivo decidió frenar su implementación a través del Decreto 759/2025.
En primera instancia, el juez federal Enrique Cormick ya había advertido sobre esa decisión, al considerar que existía:
“arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”
Y una:
“inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico”
El Gobierno, por su parte, argumentó que la norma no podía aplicarse sin definir previamente sus fuentes de financiamiento y advirtió sobre su impacto en el equilibrio fiscal. Sin embargo, esos planteos fueron rechazados por la Cámara.
Qué puede pasar ahora
El fallo obliga al Ejecutivo a ejecutar la ley de manera inmediata, aunque el conflicto político y judicial sigue abierto.
Desde el oficialismo analizan alternativas legislativas para reformular el esquema de financiamiento y evitar un mayor impacto fiscal, mientras continúan las medidas de fuerza en universidades de todo el país.
En paralelo, el sistema universitario mantiene la presión para que se cumpla la ley vigente, en un contexto de reclamos salariales, crisis presupuestaria y fuerte movilización estudiantil.
