Vicente López encabeza, con 92,46% de cobertura de agua, gas y cloacas, el ranking de infraestructura del flamante Semáforo Fiscal, el proyecto que el senador provincial Diego Valenzuela presentó esta semana en la Torre Macro. Es el número más alto de los ciento treinta y cinco municipios bonaerenses relevados, por encima de Tres de Febrero (90,02%) y San Isidro (89,36%), y a una distancia enorme de José C. Paz, que apenas llega al 19%. En un proyecto pensado para medir la voracidad tributaria de las intendencias, el dato que más dice sobre Vicente López no aparece en la columna de las tasas, sino en la de los servicios que efectivamente llegan a la casa del vecino.
El Semáforo Fiscal cruza siete indicadores por municipio: presión tributaria, alícuotas, tamaño del Estado, infraestructura, empleo privado, habilitaciones y Tasa Vial. El dato que circuló primero, apenas se conoció la herramienta, fue el de las tasas: Hurlingham, Lanús y Marcos Paz en rojo, San Pedro y Tres de Febrero en verde. Pero el indicador de infraestructura es el que debería leerse con más atención, porque mide algo que no se negocia con discursos ni se resuelve bajando una alícuota antes de una elección. Malvinas Argentinas y General Rodríguez comparten el otro extremo del ranking, con apenas 24% de cobertura, muy lejos del 92,46% de Vicente López.
Conviene detenerse ahí porque la infraestructura es el indicador menos maquillable de todos. Un discurso sobre “menos impuestos, más trabajo” se arma en un power point y una alícuota se ajusta con una ordenanza. La cobertura de cloacas, en cambio, se construye durante años, con obra pública sostenida, y no admite atajos ni relatos: el caño está enterrado o no está. Que Vicente López lidere ese ranking, y no el de menor presión fiscal, dice más sobre la gestión municipal que cualquiera de los otros seis indicadores que armó Valenzuela.
Es un dato incómodo, además, para el propio marco del Semáforo Fiscal. La herramienta fue presentada en la Torre Macro, con Patricia Bullrich hablando de “método Valenzuela” y libertad medida en el territorio, y el eje de toda la comunicación giró alrededor de la voracidad tributaria. Sin embargo, el municipio que mejor infraestructura ofrece a sus vecinos no es el de menor presión fiscal del área metropolitana: San Pedro y Tres de Febrero lideran ese segmento, mientras Vicente López se ubica en una zona intermedia, ni el verde más intenso ni el rojo de Hurlingham o Lanús. La lectura que se impone es que la ecuación entre bajar tasas y mejorar servicios no es automática, algo que el propio relato del semáforo tiende a simplificar cuando reduce la gestión municipal a una sola variable.
Valenzuela tiene razón en un punto: la carga tributaria de municipios como Lanús, con 6% de alícuota a los hipermercados, o Hurlingham, con 3,16% de presión fiscal total, es difícil de justificar frente al vecino que paga esas tasas sin ver a cambio ni un metro de vereda nueva. El reclamo empresario contra la voracidad municipal tiene sustento y viene acumulando fallos judiciales, como el de la Corte contra Bariloche. Pero el mismo estándar debería aplicarse en el sentido inverso: si la tasa se justifica por el servicio que financia, entonces el municipio que efectivamente lo presta merece que se lo diga con la misma claridad con la que se señala al que cobra de más y da poco.
Vicente López va a seguir apareciendo en los rankings de presión fiscal en algún punto medio, ni el ejemplo de virtud tributaria que reclama Valenzuela ni el caso testigo de Pilar o Lanús. Lo que no va a cambiar es que, mientras se discute cuánto cobra cada intendencia, hay un solo número que confirma cuánto de esa recaudación efectivamente volvió como servicio a la casa del vecino. Y en ese número, no en el de la alícuota, Vicente López no tiene de qué esconderse.
