“El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera” comienza señalando el extenso y contundente comunicado de la vocería presidencial en el marco de los audios donde Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, exigía presuntos pagos de coimas.
En el mismo, agrega: “La maniobra consistió en la captación ilegal y clandestina de audios privados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, para luego manipularlos o difundirlos de manera escalonada previo a la contienda electoral. No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado. El mismo apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”.
“El objetivo fue generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas” continúa señalando y apuntó directamente contra nombres específicos: “Entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el secretario ejecutivo de la AFA y reciente empresario de medios Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino”
Para continuar, explica: “El hecho es de una gravedad inédita dado que las grabaciones podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada, lo que constituye una amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial. Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.
“La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas. Por ello, la denuncia solicita medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral” finaliza.
