Con 69 votos afirmativos y apenas 3 negativos, el Senado de la Nación aprobó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y advertencias de judicialización.
El oficialismo celebró la sanción como un paso estratégico para la inserción internacional de la Argentina, mientras que desde el peronismo cuestionaron tanto el contenido del tratado como el apuro para su tratamiento.
Apoyos, críticas y advertencias judiciales
Desde La Libertad Avanza, una senadora del bloque sostuvo que la aprobación del tratado es clave porque aportará “libertad” a los mercados y permitirá potenciar el desarrollo comercial del país. Para el oficialismo, la integración con Europa abre oportunidades en un mercado de más de 700 millones de consumidores que representa el 20% del PBI mundial.
En cambio, el senador justicialista José Mayans lanzó una fuerte advertencia: “Esto va derecho al conflicto judicial”, y calificó como una “animalada” el intento de avanzar con la votación antes de un debate más profundo.
Por su parte, la jujeña Carolina Moisés, ahora integrante de Convicción Federal tras romper con el interbloque peronista, respaldó la iniciativa y marcó distancia del Gobierno: “Es un error decir que es a favor de Milei. Es a favor de los argentinos”, sostuvo, al argumentar que el acuerdo puede servir como herramienta para reposicionar al país en un contexto de crisis económica.
El tratado, firmado el 17 de enero en Asunción con la presencia del presidente Javier Milei, aún no puede implementarse plenamente porque el Parlamento Europeo dispuso su revisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según sus impulsores, el acuerdo permitirá bajar aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas y facilitar el ingreso de bienes industriales europeos, como maquinaria, productos químicos, farmacéuticos y textiles.
Reforma de la Ley de Glaciares: negociación contrarreloj
En paralelo, el Senado se prepara para debatir la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, otro proyecto clave para el Gobierno.
La iniciativa del Poder Ejecutivo propone redefinir el alcance de las zonas protegidas y distinguir entre formaciones periglaciares que cumplen funciones hídricas estratégicas y aquellas que no. De esta manera, solo quedarían vedadas a la explotación económica las áreas con función comprobable de reserva de agua.
El radicalismo presentó a último momento un proyecto alternativo que limita el poder de las provincias en la determinación de zonas protegidas, lo que abrió una negociación intensa en la previa del debate.
