El PRO presentó un amparo en la Justicia para que se declare la nulidad de la designación de nuevas autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN), una votación que se realizó en la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves, con el respaldo conjunto del oficialismo y el peronismo. La presentación fue impulsada por el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien calificó el procedimiento como inconstitucional y cuestionó con dureza la forma y el momento en que se tomó la decisión.
Según el planteo judicial, al que accedieron los portales de Perfil y Clarín, la designación de los representantes se realizó fuera del temario oficial de la sesión y sin respetar el reglamento parlamentario. Ritondo solicitó que se anule el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti como integrantes de la AGN, y reclamó que se restituya el funcionamiento institucional conforme a lo establecido por la Constitución. En las próximas horas se sorteará el juzgado que deberá intervenir en la causa.
La denuncia por una votación “a espaldas del debate público”
En el escrito presentado ante la Justicia, Ritondo reconstruyó la secuencia de aquella madrugada y señaló que el diputado libertario Gabriel Bornoroni tomó la palabra sin precisar la moción que iba a formular ni solicitar el apartamiento del reglamento. De ese modo, sostuvo, se avanzó con la votación de las autoridades de la AGN a las 2:55 de la mañana, cuando aún restaban temas por tratar en la sesión.
El PRO remarcó que la Cámara había sido convocada por el Poder Ejecutivo para debatir un temario específico, centrado principalmente en el Presupuesto 2026, y que durante las sesiones extraordinarias el Congreso no puede incorporar asuntos por iniciativa propia. “El temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional”, advirtió Ritondo, quien consideró que la maniobra se realizó en un horario de baja visibilidad pública y sin el debido debate.
El trasfondo político y el rol de la AGN
Tras la aprobación del Presupuesto, La Libertad Avanza y el peronismo confluyeron para cubrir los tres lugares que corresponden a Diputados en la Auditoría General de la Nación, un organismo clave para el control del gasto público que se encontraba acéfalo desde marzo. El oficialismo impulsó a Rita Mónica Almada y acordó la incorporación de Pamela Calletti, ex diputada y aliada del gobernador salteño Gustavo Sáenz, mientras que el kirchnerismo respaldó la designación de Juan Ignacio Forlón.
Desde el PRO sostienen que ese entendimiento político vulnera las reglas constitucionales y debilita el sistema de control. “Avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera del marco legal no fortalece la institucionalidad, sino que la deteriora”, alertó Ritondo en su presentación.
