El Gobierno nacional volvió a poner en marcha una ofensiva política para conseguir los votos necesarios que permitan sancionar la Reforma Laboral, uno de los proyectos prioritarios del presidente Javier Milei para el inicio de 2026. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará esta semana una ronda de reuniones con gobernadores, en un intento por reconstruir consensos y destrabar resistencias provinciales.
El primer destino será Chubut, donde Santilli se reunirá el próximo miércoles con el gobernador Ignacio Torres. La visita marcará el punto de partida de un cronograma que prevé recorridas por al menos diez provincias durante enero, en la antesala de una eventual prórroga de las sesiones extraordinarias, que comenzarían el 2 de febrero.
Chubut, tensiones fiscales y negociación política
El encuentro con Torres se dará en un contexto delicado. El gobernador chubutense mantiene una relación tirante con la Casa Rosada y anticipó que recurrirá a la Corte Suprema por la deuda que la Nación mantiene con la provincia por la caja previsional, un reclamo que superaría los 51.000 millones de pesos. Aun así, desde el Ministerio del Interior aseguran que la reunión buscará escuchar demandas y explorar soluciones dentro del margen fiscal que habilite el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.
La estrategia oficial apunta a replicar el esquema de negociación que permitió aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, combinando diálogo territorial y trabajo parlamentario. En paralelo a la gira de Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó los contactos del equipo legislativo que actúa como nexo directo con Javier y Karina Milei.
Un verano clave para las reformas estructurales
La mesa política incluye a Patricia Bullrich en el Senado y Martín Menem en Diputados, junto con Santilli, el operador Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El objetivo inmediato es limar diferencias con los bloques aliados, especialmente en los artículos más sensibles de la llamada “Modernización Laboral”, que el Gobierno pretende aprobar durante el receso legislativo.
Además de la reforma laboral, el oficialismo planea avanzar en reformas impositivas y penales, lo que genera cautela en las provincias por el posible impacto en la coparticipación y las cajas locales. En ese escenario, enero aparece como un breve paréntesis sin debates en el recinto, pero con intensa actividad política fuera del Congreso.
