El Gobierno Nacional promulgó las Leyes de Financiamiento Universitario (27.795) y de Emergencia Pediátrica (27.796), pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso de la Nación defina su financiamiento e incorpore las partidas correspondientes al Presupuesto Nacional. La decisión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados este lunes en el Boletín Oficial.
Aunque ambas leyes habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso —que incluso insistió en su sanción tras el veto del presidente Javier Milei—, el Poder Ejecutivo advirtió que su implementación generaría un “impacto fiscal insostenible” si no se determinan previamente las fuentes de financiamiento.
Un costo estimado superior al billón de pesos
Según el decreto 759/2025, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un costo total de aproximadamente $1,07 billones para el presupuesto 2025, solo en su primer año de ejecución. El cálculo incluye ajustes salariales, actualización de becas y gastos operativos de las universidades públicas, todos indexados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
El texto firmado por Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y la titular de Capital Humano Sandra Pettovello, detalla que adecuar los salarios docentes y no docentes a la inflación acumulada requeriría un incremento inmediato del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025, además de una incorporación del 37,5% en sumas no remunerativas. A eso se sumaría la actualización automática de las becas Progresar y Manuel Belgrano, con un costo adicional superior a los $149.000 millones.
En ese sentido, el Ejecutivo argumentó que la ley “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventarlo” y que su aplicación “minaría la estabilidad macroeconómica, trasladando el costo al conjunto de la sociedad mediante más inflación”.
Suspensión por norma presupuestaria
La Casa Rosada se ampara en el artículo 5 de la Ley 24.629, que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
De acuerdo con la Procuración del Tesoro de la Nación, la Ley 27.795 no cumple con ese requisito, por lo que su ejecución “solo podrá realizarse una vez que el Congreso determine las fuentes de financiamiento y apruebe las partidas necesarias”.
“Si el Poder Ejecutivo procediera a aplicar la ley sin la asignación presupuestaria correspondiente, violaría la normativa vigente y la división de poderes establecida en la Constitución”, sostiene el decreto.
Emergencia Pediátrica
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por un año, pero al mismo tiempo suspendió su ejecución hasta que el Congreso determine cómo se financiará. La decisión fue oficializada a través del Decreto 760/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el titular de Salud, Mario Iván Lugones, y publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Una ley sin financiamiento
La norma busca garantizar el acceso equitativo y de calidad a la atención pediátrica en todo el país, asegurar el funcionamiento de los hospitales especializados, recomponer los salarios del personal de salud y fortalecer el sistema de residencias médicas. Además, declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y prevé exenciones impositivas para los profesionales que realicen tareas críticas, guardias o horas extras.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo advirtió que la ley no establece una fuente concreta de financiamiento, como exige el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera. Por esa razón, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 24.629, su aplicación debe quedar suspendida hasta que el Congreso incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
El costo proyectado: casi 200 mil millones de pesos
Según el análisis del Ministerio de Salud, la ejecución de la Ley 27.796 implicaría un gasto adicional de $196.270 millones, cifra que el Tesoro Nacional no puede afrontar en las condiciones actuales.
Además, el decreto advierte que el Ministerio de Salud ya presenta un déficit de $102.400 millones, por lo que implementar la norma requeriría “desfinanciar programas esenciales” o recortar subsidios críticos.
El documento detalla que para poner en marcha la emergencia pediátrica habría que reasignar recursos equivalentes a:
- 30% de los subsidios destinados a medicamentos y tecnología sanitaria para personas en situación de vulnerabilidad sin cobertura médica.
- 60% del presupuesto del programa nacional de prevención de VIH-Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.
- Fondos actualmente asignados a tratamientos de alto costo, medicamentos oncológicos y patologías especiales.
Riesgo de desfinanciar la salud pública
El Gobierno argumenta que, de aplicarse sin recursos adicionales, la medida “erosionaría el sistema sanitario en su conjunto” y afectaría la atención de pacientes en situación crítica. “Implementar esta ley sin financiamiento equivaldría a desatender programas vitales, comprometiendo la salud pública que se busca proteger”, sostiene el texto oficial.
El Poder Ejecutivo recordó además que el Congreso insistió con la aprobación de la ley pese al veto presidencial dictado el 10 de septiembre mediante el Decreto 651/25. En esa oportunidad, Milei había advertido que la norma “aumenta de manera irresponsable el gasto público y pone en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con esfuerzo por la sociedad”.
Un debate abierto entre los poderes
El Gobierno insiste en que la suspensión no implica una negativa a cumplir la ley, sino una consecuencia del marco legal vigente. “La ley queda promulgada, pero su ejecución está supeditada a la inclusión de fondos en el Presupuesto Nacional”, aclara el texto oficial.
Desde el oficialismo remarcan que el Congreso deberá ahora definir de qué manera financiará el aumento del gasto en el debate del Presupuesto 2026, ya enviado por el Ejecutivo.
