El Gobierno nacional intensificó este miércoles las negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar suspender la sesión prevista para este jueves y evitar que avance el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su situación patrimonial y las investigaciones sobre presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas. La estrategia de La Libertad Avanza apunta a ganar tiempo, mientras la oposición y sectores aliados endurecen su postura y amenazan incluso con impulsar una moción de censura.
La reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel aparece como un punto decisivo para definir el futuro inmediato del funcionario más cuestionado del gabinete de Javier Milei.
Según fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es postergar por una semana la sesión en la que estaban previstos el tratamiento de siete pliegos judiciales y el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno que todavía no reúne los consensos necesarios para avanzar en la Cámara alta.
Detrás de esa maniobra se esconde un objetivo central: evitar que la oposición aproveche la sesión para impulsar sobre tablas la interpelación de Adorni y abrir el camino hacia una eventual moción de censura.
Los aliados presionan y le ponen plazo al Gobierno
Aunque el oficialismo confía en conseguir el respaldo de sectores dialoguistas para postergar el debate, el margen de maniobra parece cada vez más reducido.
Dirigentes del PRO, la UCR y bloques provinciales consideran que la situación política de Adorni se volvió insostenible y entienden que la mejor salida sería una renuncia voluntaria o una decisión del presidente Javier Milei de apartarlo del cargo.
Los bloques dialoguistas aceptarían esperar una semana más. Pero ese es el plazo para que el Gobierno tome una decisión. Si no, avanzarían con la interpelación.
La propuesta impulsada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, de adelantar el informe de gestión de Adorni para el próximo 2 de julio no alcanzó para desactivar el conflicto.
Por el contrario, varios sectores interpretaron la medida como una maniobra dilatoria y reclamaron explicaciones inmediatas sobre el patrimonio del funcionario, quien reconoció recientemente haber mantenido ahorros no declarados por aproximadamente medio millón de dólares y luego corrigió información presentada en declaraciones juradas.
Incluso dentro del oficialismo comienzan a escucharse cuestionamientos. Algunos dirigentes admiten en privado que la situación se volvió políticamente difícil de sostener y describen al jefe de Gabinete como una figura “indefendible” frente a las crecientes críticas.
La oposición prepara una ofensiva inédita
El bloque Justicialista ya presentó un proyecto de resolución para citar a Adorni al Senado y avanzar posteriormente con una moción de censura.
La iniciativa cuenta con el respaldo del interbloque peronista, los senadores santiagueños, Convicción Federal y otros espacios provinciales. Aunque todavía no alcanza los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas, los números comenzaron a acercarse peligrosamente para el oficialismo.
Las miradas están puestas ahora en los senadores radicales, representantes provinciales y sectores del PRO, cuyos votos podrían resultar determinantes para habilitar el debate.
En el Senado reconocen que la situación de Adorni paralizó buena parte de la agenda legislativa y condiciona todas las negociaciones políticas.
La discusión también abrió un debate constitucional. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado por cualquiera de las dos cámaras para el tratamiento de una moción de censura. Sin embargo, nunca se reglamentó el mecanismo y jamás fue aplicado desde la reforma constitucional de 1994.
Para prosperar, una moción de censura necesita el respaldo de la mayoría absoluta de cualquiera de las dos cámaras: 37 votos en el Senado o 129 en Diputados. Si una de las cámaras la aprobara, el proceso debería repetirse en la otra para concretar la remoción del funcionario.
